Sebastián Marset en la espera de su traslado. | Foto: BoliviaTV

De acusado a acusador: la nueva defensa de Marset apunta contra los agentes que lo capturaron

Lo esencial: La defensa de Sebastián Marset abandonó las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad y adoptó una estrategia orientada a cuestionar la legalidad de su captura y las pruebas obtenidas en Bolivia y Estados Unidos.

Por qué importa: El giro judicial traslada el eje del debate desde los delitos atribuidos a Marset hacia la actuación de las autoridades estadounidenses y bolivianas durante su captura y traslado.

  • Si el juez determina que las presuntas irregularidades denunciadas tienen incidencia, podría afectar la admisibilidad de las pruebas y el desarrollo del proceso federal.

El nuevo equipo legal: Marset reemplazó a sus abogados Gene Rossi, Michael Padula y Rodrigo Da Silva por un grupo encabezado por Robert Feitel, acompañado por Sandi S. Rhee y Joseph Douglas King.

  • Feitel fue durante más de dos décadas funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos y cuenta con experiencia en investigaciones sobre lavado de dinero y delitos financieros.

Las denuncias contra agentes federales: El 17 de junio, Marset presentó una denuncia formal ante el juez Rossie Alston Jr. acusando a los agentes federales Michael Greisen y Tyler Ganzel de haber intentado extorsionarlo para obtener acceso a aproximadamente cuatro millones de dólares en criptomonedas USDT.

  • Según la defensa, durante los interrogatorios los agentes presionaron a Marset para entregar las claves de sus billeteras digitales y contactaron por WhatsApp a su madre para solicitar fotografías de una libreta con las “frases semilla” necesarias para acceder a esos activos.
  • El documento sostiene que existieron amenazas relacionadas con su familia y que el contenido del acta de interrogatorio habría sido alterado, registrando declaraciones que el acusado asegura no haber realizado.

Los cuestionamientos a la captura: La defensa sostiene que el operativo del 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz se realizó sin órdenes judiciales de allanamiento ni de aprehensión, y que Marset fue trasladado a Estados Unidos mediante una expulsión inmediata dentro del operativo “Escudo de las Américas”, sin seguir un proceso formal de extradición.

  • Con ese argumento, buscan sostener que se vulneró el debido proceso y el principio de especialidad, que limita los delitos por los cuales una persona puede ser procesada cuando es entregada mediante extradición.

Las controversias sobre la evidencia en Bolivia: La estrategia incorpora cuestionamientos sobre la cadena de custodia de varias pruebas obtenidas después del operativo.

  • El manejo de la caja fuerte encontrada en “La Fortaleza de Cristal” generó controversia después de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, negara inicialmente su contenido y posteriormente reconociera que contenía dinero, joyas, relojes y documentación.
  • El fiscal general Roger Mariaca sostuvo que esa evidencia quedó comprometida debido a la ruptura de la cadena de custodia, ya que permaneció durante 38 días bajo control policial sin intervención del Ministerio Público ni del IDIF.
  • El teléfono celular de Marset fue enviado a Estados Unidos sin una carta rogatoria o exhorto judicial internacional, lo que según la defensa podría afectar la validez de la información obtenida.

Entre líneas: La defensa argumenta que el fiscal federal adjunto Anthony Aminoff habría sido informado sobre presuntas irregularidades cometidas por agentes federales y no habría adoptado medidas, lo que podría constituir una vulneración de las doctrinas Brady y Giglio, que obligan a la fiscalía a revelar evidencia favorable para el acusado.

Sí, pero: Ni la DEA ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones de extorsión, y las denuncias formuladas por Marset permanecen sin respuesta oficial de las autoridades bolivianas o estadounidenses.

Qué sigue: La audiencia clave está prevista para el 1 de julio de 2026 ante el Tribunal del Distrito Este de Virginia, donde el juez Rossie Alston Jr. deberá analizar los planteamientos de la defensa y determinar si las presuntas irregularidades tienen incidencia sobre la admisibilidad de las pruebas.

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