Paz reconoce la pérdida de soberanía territorial y la fija como su próximo objetivo

Lo esencial: El presidente Rodrigo Paz admitió el 24 de junio, en el acto por el bicentenario de la Policía, que hay territorios donde el Estado no hace cumplir la ley —”pérdida de soberanía”, dijo— y los señaló como su próximo objetivo de recuperación.

Por qué importa: El planteamiento ya no es un debate alimentado por la prensa, sino una admisión del propio presidente sobre un problema que El Post documenta desde 2025. La distancia entre el anuncio y los resultados se mide en órdenes judiciales que siguen sin ejecutarse.

• El reconocimiento llega tras la crisis de bloqueos que paralizó al país; el Gobierno atribuyó parte de esas protestas a financiamiento del narcotráfico, acusación que los sectores movilizados rechazaron.

El antecedente clave: No es la primera vez que el mandatario lo plantea.

• En noviembre de 2025, en su primer discurso como Capitán General en Sucre, ordenó recuperar “territorios dentro de la patria donde no tenemos soberanía”, sin nombrarlos.
• Una compilación de El Post identificó entonces siete regiones críticas, desde el Chapare hasta la frontera con Brasil.
• El diagnóstico se reforzó con el asesinato del juez Wilber Cruz en Cochabamba; uno de los sindicados como autor intelectual fue luego asesinado dentro del penal de Palmasola, presuntamente por encargo de narcotraficantes del Trópico.

Tres frentes del vacío estatal: La pérdida de control se expresa de tres maneras distintas.

• El narcotráfico y el contrabando, que operan en zonas donde la fuerza pública no entra con regularidad, como el Chapare, el norte de Potosí, la frontera con Brasil y municipios como Yapacaní, según el relevamiento de El Post.
• El avasallamiento de tierras, concentrado en Santa Cruz, donde grupos armados toman predios productivos pese a los planes oficiales.
• El control territorial que impide el ingreso del Estado, como en el Chapare, donde grupos locales han bloqueado el acceso de la fuerza pública.

La prueba en el Chapare: Allí se concentra la contradicción, porque permanece el expresidente Evo Morales con una orden de aprehensión que no se ha ejecutado.

• El Tribunal Departamental de Justicia de Tarija lo declaró en rebeldía en mayo de 2026 por no presentarse al juicio por trata agravada de personas, y ratificó su aprehensión y arraigo.
• Sus seguidores impiden el ingreso policial; el 16 de mayo, grupos afines tomaron el aeropuerto de Chimoré ante versiones de un operativo para detenerlo.

La prueba en Santa Cruz: El predio Santa Rita muestra el mismo desenlace.

• Fue avasallado por sexta vez el 17 de junio, cinco meses después del Plan Integral “cero avasallamientos” firmado por el Gobierno y la Gobernación de Santa Cruz.
• Según la denuncia de la familia propietaria, presentada por el abogado Álvaro La Torre, grupos armados dispararon y retuvieron a alrededor de 30 trabajadores durante la toma.
• La propietaria Melissa Barba afirmó que uno de los presuntos líderes de las ocupaciones tiene una orden de aprehensión pendiente desde hace cerca de dos años.

Los números: La dimensión supera los casos individuales.

• La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) contabiliza 331 predios avasallados en el país, la mayoría en Santa Cruz.
• ANAPO advirtió que grupos ilegales tendrían como objetivo ocupar hasta 70.000 hectáreas en la zona norte del departamento.
• A ello se suman, según registros de 2025, unos 50 jueces que denunciaron amenazas ante la Asociación de Magistrados y 19 militares muertos en la lucha contra el contrabando, según el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando; la violencia continuó en 2026 con la muerte del sargento Abraham Gutiérrez Mamani el 7 de junio en un operativo en Oruro.

El patrón: En ambos frentes se repite una misma secuencia.

• Las organizaciones productivas de Santa Cruz describen que los grupos abandonan los predios cuando se anuncian operativos y regresan al concluir la intervención.
• El Viceministerio de Tierras admitió vacíos al anunciar auditorías en el INRA por presuntas irregularidades en la administración de tierras.

Sí, pero: La herramienta más fuerte del Gobierno tiene un límite visible.

• El estado de excepción (Decreto Supremo 5636, vigente por 90 días) prohíbe los bloqueos y restringe las concentraciones masivas sin autorización.
• Pese a ello, Morales sigue realizando reuniones masivas en el Chapare, según reportó ANF el 24 de junio.

Qué sigue: En el mismo acto, Paz cuantificó en más de 90 millones de bolivianos los daños en carreteras y pidió sanciones para los responsables de los bloqueos, sin precisar plazos ni operativos para recuperar los territorios. El cumplimiento se medirá en si el Estado ejecuta la orden contra Morales y si evita un nuevo avasallamiento en Santa Rita.

La conclusión: El presidente nombró el problema; la prueba será convertir el reconocimiento en presencia estatal donde hoy no la hay.