Ilustración: El post

Mapa de las denuncias penales que buscan responsables por los 53 días de bloqueos

Lo esencial: Varias denuncias penales contra dirigentes políticos, sindicales y campesinos se activaron tras los 53 días de bloqueos que paralizaron el país. El presidente advirtió hoy, “tiene que haber responsables que deben ser llevados a la cárcel”.

Por qué importa: Para la población que soportó 53 días de bloqueos, desabastecimiento y pérdidas económicas, el desenlace de estas denuncias será determinante para establecer si la paralización del país tiene consecuencias legales o queda en la impunidad.

  • De esa respuesta dependerá, en gran medida, la posibilidad de disuadir futuros conflictos de una magnitud similar y evitar que la ciudadanía vuelva a enfrentar sus costos económicos y sociales.

Qué dicen: Durante el acto por el Bicentenario de la Policía Boliviana, el presidente Paz dijo que las movilizaciones causaron daños estructurales al país y exigió firmeza institucional.

  • Las declaraciones de Paz marcan un cambio con respecto al acuerdo firmado con la COB y Mario Argollo, que contemplaba gestionar la liberación de detenidos.
  • Por su parte, el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, negó responsabilidad en la promoción de los bloqueos, afirmando que su gestión está “enfocada en una agenda de reactivación económica” y atribuyó la crisis a factores políticos y de gestión estatal.
  • El viceministro de régimen interior y Policía, Hernán Paredes, dijo: “En mi criterio se tiene que hacer la anotación preventiva de quiénes han instigado, de quiénes han hecho este daño tan fuerte al país”/ 

El mapa de denuncias: La siguiente tabla resume el estado de los procesos judiciales al 24 de junio de 2026.

Denuncias penales contra dirigentes del paro: cronología de casos

Elaboración: El Post · Fuentes: Cámara Nacional de Comercio, Comité Pro Santa Cruz y publicaciones de prensa · Datos al 24/06/2026
Ordenado cronológicamente por fecha de denuncia (de más antigua a más reciente)
Deslizá para ver la tabla completa
Fecha(s) Denunciado Denunciante Delitos o fundamentos Estado
Mayo–junio Argollo y Salazar Fiscalía Terrorismo e instigación Órdenes sin efecto
3 de junio Julián Romero (Futpoch) Sen. Antonio Cortez (Libre); Dip. Antonio Pino (Libre); Dip. Marcelo Soliz (Libre) Terrorismo, instigación pública, alzamiento armado Investigación activa
5 y 9 de junio Evo Morales Gobierno; Asambleísta Joel Flores (APB Sumate) Instigación pública, asociación delictuosa, atentados al transporte, servicios públicos y salud Investigación activa
9 de junio Leonardo Loza Asambleísta Joel Flores (APB Sumate) Instigación pública, asociación delictuosa, atentados a transporte y servicios Investigación activa
15–24 de junio COB (Argollo) y David Mamani Dip. Édgar Zegarra (Libre); Cámara Nacional de Comercio Terrorismo, salud pública, libre circulación Investigación activa
15–24 de junio Túpac Katari (dirigentes) Dip. Édgar Zegarra (Libre); Cámara Nacional de Comercio; Colegio Médico Afectación a servicios y abastecimiento Investigación activa
24 de junio Wilma Alanoca Ministerio Público Presunta participación en organización de movilizaciones Investigación en curso
24 de junio Evo Morales, Argollo, Salazar Comité Pro Santa Cruz Daños económicos y sociales En preparación

Sí, pero: Mario Argollo y Vicente Salazar llegaron a tener órdenes de aprehensión por presuntos delitos de terrorismo e instigación pública; sin embargo, estas fueron dejadas sin efecto por determinación judicial.

  • No obstante, el proceso de investigación no fue cerrado, por lo que el caso continúa en etapa preliminar, sin órdenes de aprehensión vigentes.

Los números: El conflicto dejó pérdidas en infraestructura vial superiores a Bs 90 millones según el Gobierno, mientras que estimaciones de la CNI calculan el daño económico en más de $us 3.000 millones.

  • En el momento más crítico se registraron hasta 100 puntos de corte simultáneos en distintas regiones del país.

Qué sigue: Las investigaciones continúan en etapa preliminar y de acumulación de pruebas, mientras la Fiscalía y los tribunales deberán determinar si los hechos derivan en imputaciones formales o posibles acusaciones.

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