Tras fin de los bloqueos, resurgen pedidos de ley antibloqueos y avanzan acciones legales
Lo esencial: Tras 53 días de bloqueos, sectores productivos, organizaciones cívicas y autoridades impulsan con la aprobación de una ley antibloqueos y avanzan acciones judiciales contra los dirigentes que presuntamente promovieron las protestas.
Por qué importa: La demanda de una normativa específica busca evitar que futuras medidas de presión vuelvan a generar una crisis de alcance nacional como la reciente, que paralizó carreteras, afectó el abastecimiento de combustibles y alimentos, y provocó pérdidas económicas.
- El debate ya no se limita a restituir el libre tránsito, sino que ahora incluye la identificación y sanción de los presuntos responsables por los perjuicios ocasionados a la producción, el turismo, la hotelería y el abastecimiento de medicamentos.
Estado actual: Las iniciativas avanzan en múltiples frentes regionales e institucionales.
- En Cochabamba, los productores agropecuarios retomaron la propuesta tras evaluar los daños de más de siete semanas de interrupción en la transitabilidad, planteando multas y sanciones para quienes promuevan bloqueos.
- En Santa Cruz, la Gobernación impulsa una propuesta orientada a sancionar los bloqueos y resguardar la economía departamental, sumándose a la agenda legislativa.
- El Movimiento Cívico Nacional exigió la aprobación urgente de una ley antibloqueos y propuso que esta práctica sea tipificada como delito.
Qué dicen: El abogado de la Alianza Libre, William Sánchez, presentó una denuncia penal contra más de una decena de dirigentes sindicales y sociales.
- “Una protesta se ha convertido ya en cometer delitos”, afirmó Sánchez al explicar que la acción contempla nueve tipos penales y busca establecer responsabilidades individuales ante el Ministerio Público.
Entre líneas: El reclamo ha dejado de ser una demanda exclusiva de sectores productivos y cívicos para convertirse en una preocupación compartida por distintos actores políticos y regionales, lo que sugiere un consenso creciente hacia mecanismos legales más severos.
La conclusión: Con las carreteras nuevamente habilitadas y el conflicto en repliegue, la discusión se traslada al ámbito institucional: cómo garantizar el derecho a la protesta sin afectar derechos fundamentales como la libre circulación, el abastecimiento y el funcionamiento de la economía nacional.
