Gobierno, oposición y sectores afectados rechazan liberar a procesados como condición para avanzar en el diálogo

Lo esencial: El Gobierno, legisladores de oposición, transportistas y dirigentes vecinales rechazaron la exigencia de la COB de liberar a 103 procesados por los bloqueos como condición para avanzar en el diálogo de pacificación instalado en el Banco Central.

Por qué importa: El desenlace definirá quién resuelve el futuro de casos con cargos penales graves: la justicia, por la vía del debido proceso, o una negociación política bajo presión. Aceptar la liberación como condición fijaría un precedente sobre si la movilización puede incidir en decisiones que la ley asigna a los tribunales.

Los números: La crisis suma casi 50 días de bloqueos, 12 fallecidos y pérdidas económicas que superan los $us 2.500 millones.

Estado actual: Una comisión técnica integrada por el Gobierno, la COB y el Ministerio Público revisa los expedientes de los procesados caso por caso.

• Los procesados enfrentan cargos que incluyen asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, destrucción de bienes del Estado, tentativa de homicidio y ataques a efectivos policiales.
• El Ejecutivo descartó una liberación en bloque y sostiene que una amnistía solo puede otorgarla la Asamblea Legislativa, no el Gobierno.

Qué dicen: Las posiciones enfrentadas marcan el tono de la mesa.

• El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, calificó la demanda de la COB como una “extorsión en la mesa” que busca trasladar la presión de las carreteras a la negociación.
• Mario Argollo, de la COB, advirtió que avanzar sin resultados para los detenidos sería leído por las bases sindicales como una traición.
• Los diputados de Alianza Libre Lissa Claros y Rodrigo Antonio Loma cuestionaron que la Fiscalía y el Órgano Judicial participen en una negociación política y pidieron que se aparten.

El antecedente clave: El ataque a la Subalcaldía del Distrito 8 de El Alto, que dejó una detenida, es un ejemplo de la violencia registrada durante el conflicto e irrumpió en el debate sobre la liberación de los procesados.

• El vocero presidencial, José Luis Gálvez, y el subalcalde Simón Quispe denunciaron que un grupo de entre 60 y 70 personas saqueó e incendió las instalaciones, destruyendo documentación y reteniendo temporalmente al personal.
• El dirigente vecinal Néstor Huancollo anunció que las organizaciones barriales impulsarán la expulsión de grupos a los que identifica como “autoconvocados financiados por el Chapare”.

Sí, pero: La propia existencia de la comisión técnica admite que los casos no son equivalentes: su tarea es distinguir a presuntos autores de delitos de personas aprehendidas en el contexto de las protestas.

• Hasta ahora no se ha hecho público cuántos de los 103 procesados enfrentan cargos graves como tentativa de homicidio y cuántos responden por figuras menores.

Qué sigue: El Transporte Pesado de Potosí evalúa acciones legales contra dirigentes de la COB por los perjuicios económicos, mientras el Sindicato de Buses Interdepartamentales de La Paz convocó a una movilización y no descarta una huelga de hambre.