Las vacancias en el TCP reabren el debate sobre el fin de las elecciones judiciales
Lo esencial: Las vacancias en el Tribunal Constitucional Plurinacional y las críticas al sistema de elección judicial por voto popular han reactivado el debate sobre una reforma constitucional que sustituya este mecanismo por la designación mediante un ente colegiado.
Por qué importa: Bolivia es el único país de América Latina donde los magistrados de las máximas instancias judiciales son elegidos mediante voto popular, un modelo que diversos sectores consideran costoso y poco eficaz para garantizar independencia judicial.
- La decisión podría definir no solo la forma de elección de futuras autoridades judiciales, sino también el rumbo de una reforma más amplia destinada a recuperar la independencia y credibilidad del sistema de justicia boliviano.
Panorama general: La alternativa que gana terreno propone sustituir la elección popular por un mecanismo de designación a cargo de un ente colegiado especializado, integrado por representantes del sistema judicial, académicos y otros sectores técnicos.
- Los impulsores sostienen que este modelo permitiría reducir costos, agilizar la cobertura de vacancias y priorizar criterios de mérito profesional y experiencia jurídica por encima de la popularidad electoral.
- Además, argumentan que eliminaría las presiones derivadas de campañas electorales y podría fortalecer la independencia de los magistrados frente a intereses políticos y coyunturales.
Los números: En las elecciones judiciales de diciembre de 2024, solo 19 de los 26 magistrados previstos para el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia lograron ser elegidos, dejando vacantes que hasta hoy continúan generando debate.
Qué dicen: “Existe necesidad de modificaciones estructurales de la Constitución, pero puede ser una tarea a largo plazo. Sin embargo, solo esa reforma y la de la Ley del Órgano Judicial permitirán conseguir la independencia, con un presupuesto acorde a la realidad del sistema”, señaló Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Sí, pero: Otros especialistas advierten que un sistema de designación también podría generar riesgos de politización si la elección queda exclusivamente en manos de la Asamblea Legislativa o de mayorías circunstanciales.
El contexto: Cualquier modificación al mecanismo de elección de magistrados requeriría una reforma de la Constitución Política del Estado, que actualmente establece la elección popular de las altas autoridades judiciales.
- Sería necesario adecuar la Ley del Órgano Judicial, la normativa del Tribunal Constitucional y otras disposiciones vinculadas al proceso electoral judicial.
- Para concretar estos cambios se necesitaría el respaldo de dos tercios de la Asamblea Legislativa, lo que convierte la propuesta en un desafío político de largo alcance.
La conclusión: El debate pone sobre la mesa una discusión de fondo: si Bolivia debe mantener el sistema de elección popular de magistrados o avanzar hacia un modelo de designación técnica similar al que rige en la mayoría de los países de la región.
