Caso “32 maletas”: persisten las incógnitas mientras Laura Rojas obtiene detención domiciliaria
Lo esencial: La jueza Albania Caballero sustituyó la detención preventiva de la exdiputada Laura Rojas por arresto domiciliario en el caso de las “32 maletas”, aunque permanecerá en Palmasola por otra causa vinculada a tráfico de sustancias controladas.
Por qué importa: A más de seis meses de estallar el escándalo, las principales interrogantes del caso siguen sin respuesta: nadie sabe dónde están las maletas, qué contenían ni quiénes eran sus verdaderos propietarios.
- La falta de avances concretos contrasta con las múltiples aprehensiones, imputaciones y procesos judiciales en curso, dejando a las autoridades y la opinión pública sin claridad sobre los responsables detrás de la operación.
El contexto: El caso salió a la luz en enero de 2025, cuando la Fiscalía y la Felcn iniciaron investigaciones sobre el ingreso irregular de 32 maletas transportadas en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos que aterrizó en Viru Viru el 29 de noviembre de 2024.
- El equipaje no pasó por controles aduaneros ni escáneres obligatorios, pese a que la normativa exige revisión a todos los pasajeros, incluidos quienes portan pasaportes diplomáticos.
- Cancillería había alertado a Migración 17 días antes del arribo sobre el uso de un pasaporte diplomático vencido vinculado a Laura Rojas.
Estado actual: La investigación derivó en al menos dos procesos paralelos con distintos enfoques.
- El primero está relacionado con el ingreso irregular de las maletas y una presunta legitimación de ganancias ilícitas.
- El segundo se abrió tras el hallazgo de más de 79 kilos de marihuana camuflada en un galpón vinculado al exjuez Hebert Zeballos, lugar al que presuntamente fueron trasladadas las maletas.
Sí, pero: La resolución judicial que otorga arresto domiciliario a Rojas no implica su liberación inmediata. La exdiputada continuará en la cárcel de Palmasola debido a otra detención preventiva por tráfico de sustancias controladas, medida que se extiende por 180 días y concluiría a finales de julio.
Entre líneas: La decisión de la jueza Caballero se basó en que el Ministerio Público no presentó un requerimiento para ampliar la detención preventiva ni incorporó nuevos elementos que justificaran mantener a Rojas recluida, lo que sugiere debilidades en la estrategia de la Fiscalía para sostener las medidas más gravosas.
