Lo esencial: El conflicto en San Julián cumplió 24 días este domingo con un saldo actualizado de 33 heridos tras el operativo de desbloqueo del sábado, mientras la carretera Santa Cruz–Beni permanece parcialmente bloqueada.

Por qué importa: San Julián se ha convertido en uno de los principales focos de tensión de la crisis nacional por los bloqueos, con la ruta de abastecimiento hacia Beni interrumpida desde el 14 de mayo.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre la presunta presencia de actores paraestatales y grupos de choque, lo que reabre el debate sobre los límites de la actuación estatal en operativos de desbloqueo.

Los números: La Defensoría del Pueblo consolidó el balance de heridos tras verificar información médica y policial.

Del total de 33 lesionados, 26 corresponden a civiles y siete a efectivos policiales.
Cuatro de los siete policías resultaron heridos por impactos de arma de fuego, uno de ellos con un disparo en la cabeza que lo mantiene en terapia intensiva.
Entre los civiles, 24 presentaron heridas leves y moderadas y fueron dados de alta, mientras dos permanecen internados para intervenciones quirúrgicas.

Estado actual: El escenario en San Julián reúne a diversos actores con posiciones enfrentadas respecto a la continuidad del bloqueo.

La Federación Norte de comunidades campesinas, la Fejuve, la Federación Sur, comerciantes y pobladores de Villaparíso mantienen la medida de presión y ratificaron su continuidad.
Los mototaxistas y el Comité Pro Caminos de San Julián se retiraron del bloqueo tras firmar acuerdos con autoridades nacionales y municipales.
Grupos civiles como la Unión Juvenil Cruceñista, cívicos autoconvocados y ciudadanos de Santa Cruz impulsaron acciones para liberar la carretera.

Contexto: La carretera Santa Cruz–Beni está parcialmente bloqueada desde el 14 de mayo por sectores que exigen mejoras en la calidad de los combustibles, la eliminación de la denominada ley antibloqueos y la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El conflicto se enmarca en una crisis nacional con más de 90 puntos de bloqueo y entre siete y diez fallecidos vinculados a las movilizaciones, según distintas fuentes.

Qué dicen: Las posiciones sobre los hechos del sábado reflejan la polarización del conflicto.

“La constitución de grupos paraestatales y de choque en contextos de crisis no solo es ilegal sino altamente riesgosa”, advirtió la Defensoría del Pueblo al solicitar una investigación objetiva al Ministerio Público.
“Se tiene que liberar esta ruta de abastecimiento para las familias”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, en defensa del operativo.

Entre líneas: La Defensoría recordó que, según recomendaciones de la CIDH y del GIEI-Bolivia, el Estado debe evitar cualquier estímulo o tolerancia hacia grupos que actúen al margen de las estructuras oficiales de seguridad.

Las denuncias cruzadas sobre quiénes dispararon durante los enfrentamientos y la participación de personas armadas alimentan un debate que trasciende el conflicto local.

Qué sigue: La Defensoría del Pueblo instó a todos los actores a evitar una escalada de violencia y priorizar soluciones pacíficas, mientras el Ministerio Público debe desarrollar una investigación para establecer responsabilidades individuales por el uso de armas de fuego.