Lo esencial: La Cámara de Senadores inició este jueves el tratamiento del proyecto de ley que regulará un eventual estado de excepción, tras 35 días de bloqueos que provocan desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos en el país.

Por qué importa: La norma definirá las condiciones bajo las cuales las Fuerzas Armadas podrán intervenir en escenarios de conmoción interna, estableciendo límites al accionar estatal.

El debate trasladó la crisis del plano discursivo al terreno institucional y militar.

El plan: El proyecto enviado por el Ejecutivo establece límites y condiciones específicas para la aplicación de un eventual estado de excepción.

La aplicación proporcional y temporal de las medidas restrictivas, con prohibición del uso de armas de fuego contra civiles salvo en casos de legítima defensa.
La obligación del Ejecutivo de informar a la Asamblea Legislativa dentro de las 72 horas posteriores a la emisión del decreto.
La definición de causales concretas para activar la medida, como conmoción interna, amenazas a la seguridad del Estado o desastres de gran magnitud.

El giro político: La posesión de Ernesto Justiniano como ministro de Defensa fue interpretada como una señal de endurecimiento del Ejecutivo. Justiniano, con trayectoria vinculada a operaciones contra el narcotráfico, asume el mando político de las Fuerzas Armadas con la misión de desarticular las estructuras financieras y logísticas que sostienen los bloqueos.

Durante el acto de posesión, el presidente apareció acompañado por comandantes militares vestidos con uniformes de combate y afirmó que Bolivia enfrenta una disputa entre preservar la institucionalidad democrática o permitir el avance del crimen organizado.

La crisis humanitaria: Los efectos de los bloqueos continúan agravándose en varias regiones del país, con casos que generaron conmoción pública.

Una mujer falleció dentro de un minibús en El Alto cuando intentaba llegar al Hospital Holandés sin poder atravesar los puntos de bloqueo.
En el puente Ichilo, un vehículo que transportaba medicamentos destinados al sistema público de salud fue retenido durante varias horas.
En sectores como Lipari, vecinos denunciaron decomisos de alimentos y restricciones incluso para personas que intentaban abastecerse caminando.

La reacción ciudadana: El prolongado conflicto comenzó a generar un creciente rechazo de la población hacia los bloqueos. En distintas ciudades surgieron marchas vecinales y movilizaciones exigiendo la reapertura de carreteras y el restablecimiento del abastecimiento, con protestas registradas en La Paz y Potosí con banderas bolivianas y consignas contra los sectores movilizados.

El frente judicial: El Ejecutivo activó procesos judiciales contra dirigentes y actores vinculados a los bloqueos y a presuntos hechos de sabotaje.

Se abrió una investigación por terrorismo contra Justino Apaza.
Uno de los episodios más sensibles fue la toma de un pozo petrolero en Santa Rosa del Sara, donde autoridades denunciaron la presencia de presuntos agitadores extranjeros.

Sí, pero: Pese al endurecimiento del discurso, el Ejecutivo mantiene cautela jurídica y política. Fuentes gubernamentales admiten que el Gobierno busca actuar dentro de un marco legal sólido para evitar acusaciones de autoritarismo y garantizar respaldo institucional a cualquier eventual intervención.

La Cancillería boliviana respondió a la CIDH, que pidió garantizar el derecho a la protesta, sosteniendo que el Estado tiene igualmente la obligación de proteger el acceso a alimentos, salud y libre circulación de la población.

Entre líneas: El expresidente Evo Morales denunció la supuesta existencia de una “Operación Delta Ñ” que buscaría capturarlo en el Chapare. Para algunos analistas, la denuncia forma parte de una estrategia de victimización política en medio de las investigaciones que pesan sobre el exmandatario.

Qué sigue: Con el país parcialmente paralizado y la presión social en aumento, el Gobierno apuesta por consolidar respaldo político, jurídico y militar para recuperar el control de las carreteras y contener una crisis que amenaza con convertirse en uno de los momentos más críticos de la actual etapa democrática boliviana.