Consejo Económico y Social: ¿quién tiene el poder para resolver los conflictos?
Lo esencial: La primera sesión del Consejo Económico y Social (CES) concluyó este miércoles sin la participación de los principales sectores movilizados, dejando en evidencia que el órgano carece de poder vinculante para resolver el conflicto que paraliza Bolivia.
Por qué importa: Mientras los sectores con capacidad real de bloqueo permanezcan fuera del diálogo, el conflicto seguirá resolviéndose más en las carreteras y en la Asamblea Legislativa que dentro del propio Consejo.
- La ausencia de la COB, la Túpac Katari y transportistas significa que el CES puede construir acuerdos económicos con actores moderados, pero no necesariamente resolver el núcleo político del conflicto: la demanda de renuncia presidencial.
Qué puede y qué no puede hacer el CES: El órgano funciona como un espacio consultivo y deliberativo orientado a construir consensos económicos y sociales, pero no tiene facultades legislativas propias ni puede obligar al Ejecutivo o a la Asamblea Legislativa a ejecutar sus decisiones.
¿Qué puede y qué no puede hacer el CES?
Puede
- Recomendar medidas económicas al Gobierno
- Abrir mesas técnicas de negociación
- Priorizar agendas productivas sectoriales
- Legitimar políticamente acuerdos entre actores
No puede
- Aprobar leyes ni decretos
- Vetar decisiones presidenciales
- Declarar estados de excepción
- Imponer medidas obligatorias al Estado
Sin ley orgánica hasta el 27 de mayo: el CES no cuenta con un reglamento específico que defina la obligatoriedad de sus resoluciones. Sus acuerdos tienen peso político, pero no fuerza legal vinculante.
Qué dicen: “Yo tengo instrumentos constitucionales, el tiempo se acaba”, afirmó el presidente Paz durante su intervención, horas después de la promulgación de la Ley 1732 que elimina restricciones previas relacionadas con los estados de excepción.
- Con este cambio legal, el Ejecutivo recupera mayor margen operativo para desplegar fuerzas militares, restringir la circulación y actuar con más rapidez ante escenarios de conmoción interna.
Sí, pero: La Constitución sigue estableciendo límites claros: cualquier declaratoria de estado de excepción debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas, no pueden suspenderse derechos fundamentales y el Ejecutivo no puede concentrar la totalidad del poder público.
- El verdadero límite del Ejecutivo sigue siendo político e institucional: cualquier intento de escalar hacia medidas excepcionales dependerá inevitablemente de la Asamblea, donde distintos sectores ya advirtieron resistencia a una militarización amplia del conflicto.
El equilibrio de fuerzas: La crisis revela que ningún actor tiene control total del escenario político boliviano.
- Los sectores movilizados mantienen fuerte poder territorial mediante bloqueos, aunque su legitimidad comienza a erosionarse en centros urbanos afectados por el desabastecimiento.
- El Ejecutivo fortaleció su capacidad institucional tras la Ley 1732 y conserva respaldo empresarial, diplomático y financiero, pero enfrenta límites económicos severos.
- La Asamblea Legislativa aparece como uno de los principales árbitros, ya que cualquier medida excepcional deberá pasar por control parlamentario.
Los números: El conflicto acumula 27 días de bloqueos con pérdidas económicas que superan los $us 717.792.546 en exportaciones paralizadas (según la Cámara Nacional de Exportadores, Caneb) y una creciente crisis de abastecimiento en La Paz y El Alto.
Qué sigue: Si el Ejecutivo logra convertir las medidas anunciadas en alivios reales para transportistas, gremiales y sectores urbanos, podría fracturar el bloque de movilización; si no hay avances concretos, Bolivia podría ingresar a una nueva etapa de mayor tensión institucional.
