Lo esencial: Bolivia inicia su jornada 25 de conflictos sociales con un giro en el debate nacional: el Legislativo avanza en eliminar las restricciones legales que impiden al Gobierno declarar un estado de excepción.

De modo paralelo prosiguen las medidas de presión de la COB, federación de campesinos y afines, que mantienen 59 bloqueos en el país y un cerco a La Paz.
No hay acuerdo concreto para un diálogo o negociación.
Las entidades cívicas exigen al Gobierno poner orden en el país.

Por qué importa: La eventual abrogación de la Ley 1341 daría al presidente Rodrigo Paz un margen operativo significativamente mayor para enfrentar los bloqueos que asfixian a La Paz y El Alto.

De aprobarse el martes en Diputados, el Ejecutivo podría aplicar medidas de excepción sin los actuales “candados” parlamentarios, lo que redefine el futuro de la gobernabilidad en el país.

El antecedente clave: El Senado aprobó en grande este fin de semana en Sucre la abrogación de la “Ley Copa”, norma nacida tras la crisis de 2019 que estableció controles estrictos para evitar el uso discrecional de las Fuerzas Armadas y facultades extraordinarias del Ejecutivo. El proyecto fue derivado a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Las nuevas facultades para Paz: De eliminarse las trabas de la Ley 1341, el presidente obtendría posibilidades inmediatas:

Militarización directa de rutas: las Fuerzas Armadas podrían intervenir sin esperar a que la Policía sea rebasada y bajo procedimientos más ágiles.
Operativos de desbloqueo sostenidos con control territorial permanente en puntos estratégicos del altiplano.
Restricciones de movilidad como toques de queda o perímetros de seguridad sin la amenaza de caducidad automática por falta de informe legislativo inmediato.

Estado actual: Los conflictos siguen vigentes en puntos críticos como Caracollo, Senkata, Ventilla y Achica Arriba. Los corredores humanitarios del fin de semana fracasaron parcialmente: aunque convoyes con combustible y alimentos lograron ingresar inicialmente a La Paz, los bloqueos fueron reinstalados tras enfrentamientos violentos, emboscadas y quema de vehículos en el altiplano paceño.

Las posiciones: Los sectores movilizados, encabezados por la COB y organizaciones campesinas, condicionan cualquier diálogo a la liberación de detenidos y la anulación de órdenes de captura contra dirigentes como Mario Argollo.

Por otro lado, sectores cívicos de Santa Cruz y gremios urbanos han lanzado ultimátums, advirtiendo con medidas de “legítima defensa” si el Estado no garantiza la transitabilidad esta semana.

Sí, pero: Aunque la eliminación de la ley secundaria quita requisitos administrativos y responsabilidades penales que hoy frenan el actuar de los uniformados, la Constitución Política del Estado sigue exigiendo aprobación legislativa del estado de excepción en 72 horas.

Los sectores movilizados han amenazado con intensificar el cerco a las ciudades si el Gobierno opta por esta vía, elevando el riesgo de enfrentamientos civiles.

Qué sigue: Este 25 de mayo, las sesiones de honor por el grito libertario en Sucre sirvieron de escenario para acuerdos politicos. El martes, la sesión en Diputados para abrogar la “Ley Copa” será el epicentro de la disputa institucional entre quienes exigen orden y quienes denuncian una inminente militarización.