Lo esencial: El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga planteó formalmente al gobierno de Rodrigo Paz la aplicación del Estatuto de Roma, argumentando que los 22 días de bloqueos que aíslan a La Paz y El Alto configuran el delito internacional de “exterminio”.

Por qué importa: Si las instituciones bolivianas no logran procesar los delitos derivados de los bloqueos de manera independiente, se abre la posibilidad de que organismos internacionales intervengan.

Sin embargo, en Bolivia deberán demostrar que el país no tiene leyes ni autoridades que juzguen el caso, y deberán probar que los bloqueos y protestas tienen la intencionalidad de “exterminio”.

Qué es el Estatuto de Roma: Es el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, diseñado para juzgar los crímenes más graves: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Bolivia es Estado parte desde 2002, lo que la obliga jurídicamente a cooperar con la Corte.
La aplicación se centra en el Artículo 7, referido a crímenes de lesa humanidad, que requiere demostrar un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”.

Los argumentos de Quiroga: Su propuesta se basa en el artículo 7.2.b, que define el exterminio como la “imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”.

Quiroga sostiene que el cerco no es una protesta social común, sino una acción deliberada que ya ha cobrado vidas, incluyendo la de un menor por imposibilidad de evacuación médica.
Al ser un instrumento con rango supraconstitucional, exige su aplicación inmediata para frenar lo que califica como un exterminio en curso.

Por qué la CPI podría intervenir: Existen factores que favorecerían la atención del caso por parte de la Corte.

Principio de complementariedad: La CPI actúa si se demuestra que el sistema judicial boliviano no quiere o no puede investigar de forma independiente y seria.
Gravedad de los hechos: El desabastecimiento hospitalario y las muertes sistemáticas podrían llamar la atención internacional si se vuelven un patrón sostenido.

Sí, pero: Existen factores que dificultan la intervención de la CPI en el caso boliviano.

Umbral de gravedad: La CPI reserva sus juicios para situaciones extremas como guerras o limpiezas étnicas; los bloqueos políticos suelen considerarse conflictos internos.
Dificultad probatoria: Se debe probar la intención deliberada de destruir a la población, no simplemente ejercer presión política o sindical.
Carácter subsidiario: La justicia internacional es el último recurso, no un reemplazo automático de los tribunales nacionales.

Casos emblemáticos de la CPI: La Corte ha procesado casos con escalas de violencia significativamente mayores a la boliviana.

Darfur (Sudán): Investigó genocidio y asesinatos masivos con cientos de miles de muertos y millones de desplazados.
Uganda (LRA): Persiguió a Joseph Kony por el secuestro masivo de niños y esclavitud sexual.
Libia: Investigó tortura sistemática y violaciones masivas durante un conflicto armado organizado.

Venezuela, el espejo más cercano: Es el caso latinoamericano más parecido a Bolivia por tratarse de una crisis institucional y social, con denuncias de persecución política, represión y uso de la justicia para fines partidarios.

La diferencia clave: En Venezuela, la Fiscalía de la CPI encontró indicios de una política estatal sistemática de represión documentada durante años por organismos multilaterales, algo que en Bolivia aún está en debate jurídico y requiere pruebas de escala similar.

Qué sigue: Si las instituciones nacionales no logran procesar los delitos de manera independiente, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podrían intervenir antes que la propia CPI.

Lo más probabe es que no llegue a la CPI o que la CPI lo rechace por falta de argumentos que validen el caso como “exterminio”. Sin embargo, la sola mención de la CPI pone el caso en la mira internacional.