Lo esencial: La Cámara de Diputados aprobó una resolución de cinco artículos que rechaza los pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz, exige una “pausa humanitaria” en los bloqueos y solicita investigaciones penales contra promotores de movilizaciones consideradas desestabilizadoras.

Por qué importa: La resolución marca un giro en el tratamiento estatal del conflicto, el Legislativo deja de interpretar las protestas como demandas sectoriales y las enmarca como amenazas al orden constitucional.

Este cambio de enfoque habilita una eventual respuesta más firme del Estado y prepara el terreno político para acciones penales contra organizadores de bloqueos.

Los cinco ejes de la resolución: El documento aprobado durante la 109ª sesión ordinaria de la Cámara Baja establece líneas políticas, humanitarias y judiciales frente a la crisis.

Rechaza de manera categórica las actitudes de ruptura del orden constitucional que pretenden exigir la renuncia del Presidente del Estado.
Exige garantizar el paso de ambulancias, medicamentos, oxígeno, alimentos y personas vulnerables en rutas bloqueadas.
Pide al Ministerio Público y la Policía iniciar “de oficio” acciones penales contra autores, instigadores, encubridores y cómplices de bloqueos y desestabilización.
Solicita investigar de manera inmediata las fuentes de financiamiento vinculadas a las movilizaciones.
Se insta al Gobierno nacional a insistir de manera firme y sostenida en la apertura de espacios de diálogo con los sectores movilizados, como vía legítima y democrática.

Contexto: El conflicto cambió de naturaleza cuando la Central Obrera Boliviana (COB) colocó como demanda principal la salida del presidente Rodrigo Paz, abandonando los reclamos sectoriales por combustibles, economía y leyes.

La crisis dejó dos fallecidos vinculados a la imposibilidad de acceder a atención médica, cuatro cisternas de oxígeno medicinal retenidas y un niño que perdió cuatro dedos tras la explosión de un artefacto explosivo, en la ciudad de El Alto.

Qué dicen: Las declaraciones reflejan la polarización entre sectores movilizados, legisladores y autoridades locales.

“En consecuencia, se exhorta con firmeza y urgencia a todos los sectores movilizados a deponer actitudes, suspender sus medidas de presión, levantar bloqueos y garantizar una pausa humanitaria que permita la libre circulación”, señala parte del documento.
“Acá no se trata de pliegos de peticiones sectoriales. Aquí el pedido único de parte del pueblo movilizado es el alejamiento y la renuncia del presidente”, afirmó Mario Argollo, ejecutivo de la COB.
“Estos conflictos sociales tienen nombre, Evo Morales ¿Cuánto tiempo más estará libre? Esperemos que las autoridades actúen de manera pronta”, manifestó el diputado de Unidad, Pedro Vaca.
“Evo Morales está gestando un golpe de Estado en Bolivia”, declaró Stello Cochamanidis, presidente del Comité Pro Santa Cruz.

Entre líneas: La inclusión de investigaciones sobre financiamiento de movilizaciones indica que el Legislativo construye una narrativa que vincula las protestas con presuntos intentos de ruptura democrática, aunque la resolución no menciona nombres específicos.

Sí, pero: Aunque crece la presión por “mano dura” desde sectores cívicos y legisladores, el Gobierno mantiene públicamente una línea de diálogo y contención.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que la estrategia oficial busca evitar enfrentamientos entre bolivianos, aunque sectores oficialistas admiten que el margen para sostener únicamente el diálogo comienza a reducirse.

La conclusión: La resolución no tiene carácter coercitivo, pero funciona como señal política de alto nivel. El Estado transita desde una lógica de contención hacia otra orientada al restablecimiento del orden, en uno de los momentos de mayor polarización social de los últimos años.