Diputados aprueba la abrogación de la ley de tierras 1720 obligado por la presión social
Lo esencial: La Cámara de Diputados aprobó la abrogación de la Ley 1720 de tierras con 56 votos a favor y 44 en contra, tras una sesión maratónica de más de 12 horas, y remitió el proyecto al Senado para su revisión.
Por qué importa: La abrogación representa una derrota política para el Gobierno de Rodrigo Paz, que promulgó la norma hace apenas semanas y ahora enfrenta su desmontaje por presión social.
- El retroceso alimenta la narrativa opositora de debilidad y falta de control político del Ejecutivo, en medio de una acumulación de crisis simultáneas por combustibles, reclamos salariales y protestas del transporte.
El antecedente clave: La Ley 1720, promulgada el 10 de abril de 2026, habilitaba la conversión voluntaria de pequeñas propiedades rurales a medianas, eliminando protecciones constitucionales como la inembargabilidad de tierras campesinas.
- Organizaciones campesinas e indígenas interpretaron la norma como una amenaza al modelo de propiedad agraria consolidado en la Constitución de 2009, lo que desató marchas desde la Amazonía hacia La Paz.
- La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia exigió la abrogación, acusando al Gobierno de impulsar una “mercantilización” de la tierra.
Qué dicen: Las posiciones reflejan la fractura política sobre el tema agrario.
- “Lo que ha ocurrido hoy es un retroceso que perjudica al conjunto de todos los bolivianos que necesitamos reactivar nuestra economía”, afirmó el diputado Germain Caballero, de Libre.
- “Teniendo mayoría, queda aprobado el artículo único del presente proyecto de ley”, declaró la presidenta en ejercicio de la Cámara, Daniela Cabrera, al cerrar la votación.
Entre líneas: El conflicto golpeó una base histórica del movimiento popular boliviano —la defensa de la tierra campesina— y la presión vino incluso desde sectores tradicionalmente cercanos al oficialismo.
- El hecho de que la Asamblea esté corrigiendo una ley recién promulgada transmite una imagen de improvisación legislativa y debilidad de coordinación entre Ejecutivo y Legislativo.
Sí, pero: El Gobierno defendió inicialmente la norma argumentando que buscaba dinamizar el acceso a crédito, permitir mayor productividad y formalizar operaciones económicas sobre tierras rurales.
- Sin embargo, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, terminó admitiendo que el tema debía pasar a la Asamblea para analizar su eliminación.
Qué sigue: El proyecto de abrogación pasa ahora a la Cámara de Senadores para su revisión constitucional.
- Mientras tanto, campesinos interculturales de Pando y Beni mantienen vigilias en las calles aledañas al Legislativo.
