Lo esencial: El Decreto 5613 y la Ley 1720 enfrentan al sector empresarial y campesino en Bolivia con los primeros alertando sobre inseguridad jurídica para la inversión y los segundos advirtiendo que la norma podría favorecer al capital agroindustrial.

Por qué importa: El debate trasciende lo normativo y pone en juego la estabilidad del modelo productivo boliviano. Los empresarios temen que se reviertan derechos consolidados, lo que desalentaría inversiones, mientras sectores críticos advierten que la redistribución acelerada podría dejar tierras expuestas a intereses financieros.

Con la promulgación de mencionado decreto, el sector castañero de Beni dice estar en incertidumbre, con paralización de la zafra y con riesgo de pérdida de más de 40.000 empleos directos y 120.000 fuentes de trabajo vinculadas a la cadena productiva.

El debate: El decreto establece lineamientos para la dotación y titulación de tierras en Pando y Beni, priorizando comunidades campesinas e indígenas mediante evaluación del INRA.

La Cámara de Exportadores de La Paz (Camex) calificó la norma como un “atentado grave” contra la estabilidad jurídica, argumentando que permite revertir derechos forestales y concesiones legalmente constituidas.
La Confederación de Ganaderos (Congabol) señaló que el decreto es inconstitucional porque violenta el principio de reserva legal y genera riesgos para la paz social.
El artículo 5, que permite reconocer ocupaciones de hecho sobre áreas bajo derecho forestal, es considerado por las cámaras sectoriales como un precedente funesto para el ordenamiento territorial.

Entre líneas: Sectores afines al sector campesino vinculan el Decreto 5613 con la Ley 1720 de conversión de tierras, viéndolos como piezas de un mismo engranaje.

En una columna publicada en La Izquierda Diario, Iran Flores, considera que la conversión de pequeña a mediana propiedad eliminaría la protección constitucional de inembargabilidad, dejando a productores expuestos a perder sus tierras por deudas hipotecarias.
La digitalización y georreferenciación de predios ordenada en los artículos 8 y 9 genera temor de que el agronegocio avance sobre tierras anteriormente protegidas tras las reversiones de la ABT.

Qué dicen: Las posiciones reflejan la profundidad del conflicto agrario.

“No es correcto que pequeños productores peregrinen años por un título mientras otros obtienen miles de hectáreas en semanas debido a la corrupción heredada de gestiones pasadas”, afirmó el presidente Rodrigo Paz en defensa de la medida.
“El 90% de los pequeños productores que tienen predios titulados no pueden acceder a un financiamiento bancario”, advirtió Klaus Frerking, presidente de la CAO, quien calificó como incoherente que el Gobierno ahora busque abrogar la Ley 1720 que antes promovió.

Contexto: Una marcha indígena de 28 días que exigía el respeto a sus territorios y el cese del avance del agronegocio precedió las negociaciones actuales. Las movilizaciones evidenciaron la fragilidad de los consensos agrarios en Bolivia.

Qué sigue: Tras un diálogo en la Casa Grande del Pueblo, el Gobierno aceptó gestionar ante la Asamblea Legislativa la abrogación de la Ley 1720, buscando desactivar el conflicto y revisar las políticas de conversión de tierras.

Ante la posibilidad de abrogación, Frerking aseguró que la Ley 1720 es la única medida que apoya a los pequeños productores, por lo que calificó como incoherente el accionar del Gobierno, que antes promovió la ley y ahora buscar dejarla a un lado.