Pactos que no cierran la crisis, gasolina bajo sospecha y un país sitiado por conflictos

Lo esencial: El Gobierno alcanzó este miércoles acuerdos con choferes y sectores campesinos para desactivar parte de los conflictos; sin embargo, Bolivia continúa bajo tensión con bloqueos activos, protestas y demandas aún pendientes en varias regiones del país.

Por qué importa: El acuerdo con los choferes desactiva el conflicto más inmediato, pero no resuelve la crisis multisectorial que combina presión económica, disputas territoriales y desconfianza institucional.

• La tregua con el transporte es condicional; los choferes advirtieron que volverán a las calles con paros de 48 horas, luego de 72 e indefinido si el Gobierno incumple sus compromisos.

El mapa del conflicto: Los bloqueos, este miércoles, pasaron de 65 puntos el 5 de mayo a 20, según reportes de los medios de comunicación. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), inicialmente reportó 16. La fragmentación vial persiste en rutas estratégicas.

Los números: Se estima que los paros y los bloqueos generan entre $us 50 y 100 millones diarios de pérdida, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (CADEX).

• La industria reportó hasta $us 60 millones en pérdidas por día.
• La agroexportación habría perdido cerca de $us 10 millones diarios, mientras que el transporte y el comercio habrían restado entre $us 10 y 20 millones.
• El turismo calcula pérdidas de hasta $us 3,8 millones por jornada de paro.

La gasolina bajo sospecha: El conflicto con el transporte no fue solo por escasez, sino por denuncias de combustible de mala calidad que habría dañado motores a nivel nacional.

• Como respuesta, el acuerdo entre el Gobierno y los transportistas establece que la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) actuará como ente fiscalizador independiente de la calidad del combustible.
• Este mecanismo inédito evidencia la pérdida de confianza en los controles estatales del sector energético.

Gestionar la abrogación de la Ley 1720: Tras el diálogo sostenido en la Casa Grande del Pueblo, representantes del sector campesino reportaron que el presidente Rodrigo Paz, en presencia de los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, “se compromete a gestionar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional la abrogación de la Ley 1720” de conversión de tierras.

Fabriles toman Ministerio de Trabajo: La protesta escaló desde una movilización salarial hasta la toma temporal del Ministerio en uno de los episodios de mayor tensión social de las últimas semanas. Los dirigentes exigían atención directa del Gobierno a sus demandas laborales frente al deterioro económico y la pérdida del poder adquisitivo.

• La Policía intervino horas después para desalojar el edificio y restablecer el control. En medio del operativo fueron aprehendidos 16 manifestantes y al menos un dirigente sindical, lo que provocó nuevas denuncias de “represión”.

Qué dicen: Las posiciones reflejan una tregua frágil y advertencias de escalada.

• “El Presidente nos ha garantizado que a partir de la fecha va a haber una mejora en la gasolina y en el tema del resarcimiento”, afirmó Santos Escalante, dirigente de los choferes.
• “No puede haber un “sicariato sindical” que tome ministerios y secuestre funcionarios”, declaró el vocero presidencial José Luis Gálvez, luego de que los fabriles tomaran instalaciones del ministerio de Trabajo.
• “Si bloquean las carreteras, no podemos traer la mercadería. Es un perjuicio total”, argumentaron dirigentes gremiales.
• “Hemos resuelto exigir al Poder Ejecutivo el retiro de todo apoyo gubernamental a la abrogación de la Ley 1720”, sostuvo el presidente de la CAO, Klaus Frerking

Qué sigue: El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, convocó a la COB a una reunión este viernes. El Gobierno asegura haber avanzado en el 35% del pliego petitorio, aunque sin detallar los puntos cumplidos.

• Sectores en tensión mantienen la amenaza de paro escalonado si no se cumplen los compromisos.