Lo esencial: El gobierno de Rodrigo Paz descartó cualquier incremento salarial este 1 de mayo, declarando al país en “quiebra técnica”, mientras la COB respondió convocando a un paro general indefinido desde el 2 de mayo y exigiendo la renuncia del Ejecutivo.

Por qué importa: El conflicto representa la primera gran prueba de gobernabilidad para un gobierno con apenas seis meses de gestión, que ha roto con la lógica de negociación corporativa tradicional.

La disputa enfrenta dos visiones de país: un Ejecutivo que plantea ajuste estructural en nombre de la sostenibilidad fiscal, y un sindicalismo que busca preservar conquistas laborales en un contexto de deterioro económico nacional.

La posición del Gobierno: El presidente Paz rechazó el incremento salarial del 20% solicitado por la COB, argumentando que beneficiaría solo a una minoría formal en un país donde el 85% de la economía es informal, lo que profundizaría la desigualdad con los trabajadores por cuenta propia.

Como alternativa, el Ejecutivo propuso la creación de 5.500 ítems en salud y educación, buscando redirigir el impacto hacia servicios públicos.
El Gobierno sostiene que el país atraviesa una “quiebra técnica” heredada del periodo 2006-2025, caracterizada por insolvencia fiscal generalizada, deterioro de empresas públicas que operan con pérdidas estructurales, y estancamiento de la inversión con predominio del gasto corriente sobre el productivo.

Las demandas de la COB: Desde un cabildo realizado en El Alto, el secretario ejecutivo Mario Argollo endureció la posición sindical, cuestionando la legalidad del último proceso electoral y denunciando trabas del Tribunal Supremo Electoral.

El pliego sindical incluye un incremento salarial del 20% para compensar la inflación, jubilación con el 100% del haber como garantía de retiro digno, y la abrogación de la Ley 1720 por considerarla lesiva a derechos laborales.
A estas demandas se suman denuncias de presunto nepotismo en el Ministerio de Trabajo, elevando el tono político del conflicto.

El diagnóstico económico: El vocero presidencial José Luis Gálvez advirtió que Bolivia enfrenta el agotamiento del modelo económico basado en el gas, principal fuente de ingresos durante dos décadas.

El diagnóstico oficial apunta a la caída de reservas que ha dejado al Estado sin su motor financiero, obligando a una reestructuración profunda mediante reformas legales en hidrocarburos, energía e inversiones.

Sí, pero: El alcance del paro enfrenta un escenario social fragmentado. Sectores gremiales del comercio informal han rechazado la medida, argumentando que no pueden detener actividades sin ingresos fijos.

“Ellos tienen sueldo, nosotros no”, sintetiza la postura de este sector, evidenciando la brecha entre trabajadores formales e informales que el propio Gobierno ha señalado.

La estrategia de contención: El Ejecutivo ha buscado aislar la protesta mediante acuerdos sectoriales. En el caso del transporte, convocó a diálogo con propuestas concretas, incluyendo un plan de inversión vial de Bs 870 millones y medidas para facilitar la conversión a gas natural vehicular.

La Paz se encuentra bajo resguardo policial, mientras el órgano electoral restó validez al cabildo sindical realizado en El Alto.

Entre líneas: El Gobierno apuesta a que el desgaste y la división social entre trabajadores formales e informales reduzcan el impacto del paro, aprovechando que su argumento sobre la economía informal cuestiona directamente la representatividad de la COB.

Qué sigue: El paro general indefinido arranca hoy, 2 de mayo, con movilizaciones en respaldo a marchas en curso hacia La Paz. Lo que está en juego no es solo un incremento salarial, sino la capacidad del Estado para sostenerse y redefinir su modelo económico.