Lo esencial: La iniciativa de impulsar la extradición del exfiscal del “Caso Terrorismo” Marcelo Soza desde Brasil, donde se encuentra como refugiado, reabre el debate sobre uno de los procesos más controvertidos de las últimas décadas en Bolivia.

Por qué importa: El caso nunca alcanzó un cierre definitivo y enfrenta dos versiones contrapuestas: la oficial, que sostiene la existencia de una amenaza real, y la crítica, que plantea un montaje con fines políticos.

Lo que está en juego es el esclarecimiento de un episodio clave en la historia reciente del país, incluyendo si se utilizó la justicia como herramienta de persecución y quién responde por las víctimas y los acusados.

El antecedente clave: Soza fue la figura central del proceso desde su inicio, asumiendo la investigación tras la denuncia presentada el 14 de abril de 2009 por el Ministerio de Gobierno contra el grupo de Eduardo Rózsa-Flores, apenas un día antes del operativo policial en Santa Cruz.

Como fiscal, dirigió la investigación, elaboró la acusación contra decenas de implicados y sostuvo la tesis oficial sobre la existencia de una célula terrorista con fines separatistas.
En 2011 fue apartado de la investigación en medio de denuncias por presuntas extorsiones a empresarios y familiares de acusados, lo que representó la primera gran fractura en torno a su gestión.

El giro del caso: En marzo de 2014, Soza abandonó Bolivia y solicitó refugio en Brasil, pasando de ser el principal sostén de la acusación a uno de sus críticos más duros.

En cartas públicas y declaraciones posteriores sostuvo que el proceso había sido manipulado políticamente, que existieron presiones del oficialismo para formular acusaciones sin pruebas y que se utilizaron testigos comprados.
Según documentación presentada en su solicitud de refugio, el operativo fue coordinado desde instancias gubernamentales y requerido la generación de un “hecho antijurídico” —como el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas— para activar la persecución penal.
El senador Leonardo Roca (Libre) anunció recientemente que impulsará la extradición del exfiscal y la apertura de procesos contra exautoridades vinculadas al “Caso Terrorismo”.

Los números: A 17 años del operativo en el Hotel Las Américas, el expediente sigue siendo noticia. En 2018, la justicia boliviana condenó a Soza a 12 años de prisión por el delito de extorsión en el marco del mismo caso.

Sí, pero: El pedido de extradición enfrenta un obstáculo central: el estatus de refugiado otorgado a Soza por Brasil, que en la práctica bloquea su repatriación mientras se mantenga vigente.

Colectivos y dirigentes cívicos de Santa Cruz lo señalan como uno de los principales responsables de la persecución judicial contra los acusados, mientras que para otros es un denunciante de irregularidades, consolidando una imagen dual del exfiscal.

Estado actual: Entre 2024 y 2025, Soza ha reaparecido en el debate público a través de entrevistas y mensajes difundidos en medios, insistiendo en que el caso fue cerrado por presiones políticas y no por falta de pruebas, e incluso vinculando decisiones judiciales con intereses de actores políticos.

Con el paso de los años, el proceso perdió fuerza en los tribunales: varios acusados fueron absueltos, otros accedieron a salidas alternativas y el caso se fragmentó sin alcanzar resolución definitiva.
En Bolivia se han reactivado investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales y presuntas violaciones a los derechos humanos durante el operativo de 2009.