Lo esencial: El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, reveló un desfase de Bs 24.000 millones en irregularidades del Presupuesto General del Estado (PGE) heredado del MAS, y presentó un presupuesto reformulado de Bs 390.000 millones para 2026.

Además, lanzó la plataforma “Presupuesto Abierto”

Por qué importa: El desfase descubierto disfrazaba un déficit fiscal real superior al 15% del Producto Interno Bruto (PIB) —no el 10,2% oficial—, arriesgando un colapso económico similar a los déficits mayores al 8% registrados entre 2023 y 2025.

La opacidad presupuestaria mantenía a Bolivia rezagada en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025 (por debajo de 61 puntos internacionales), ahuyentando inversión según el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Los números: Las irregularidades detectadas en el PGE heredado se desglosan en tres componentes principales que suman el desfase total.

Bs 15.000 millones en ingresos inflados que no se podrían haber ejecutado, incluyendo bonos de carbono proyectados como inmediatos pese a requerir 3-5 años.
Bs 8.000 millones en gastos devengados para 2027 pero ejecutados en 2026, distorsionando el balance total.
Bs 4.800 millones en proyectos sin respaldo: sin fichas técnicas, terrenos ni derechos de propiedad constituidos.

El plan: El PGE 2026 reformulado, que será remitido este miércoles a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), reduce el déficit fiscal al 9% del PIB mediante recortes y reasignaciones estructurales.

Recorte de Bs 4.100 millones en gasto corriente central (viáticos, pasajes y publicidad) transferidos a inversión social.
Bs 1.000 millones extra para salud y educación, creando 3.000 ítems nuevos en educación, 2.400 en salud y 1.500 en seguridad.
Bs 2.000 millones destinados al Bono PEPE para la población vulnerable y transferencias ágiles a subnacionales (0-15 días versus 15-45 previos).

Contexto: La plataforma “Presupuesto Abierto”, desarrollada con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), analiza 20 años de datos (2006-2025), cubriendo 735.000 proyectos, 2.000 instituciones públicas y 348 fuentes de ingresos en más de 2.500 categorías estandarizadas.

Qué dicen: Los actores principales destacaron el cambio hacia la transparencia fiscal.

“Por muchos años esa información estaba en una cajita negra escondida donde muy pocos tenían acceso. La cajita negra ahora se vuelve una caja de cristal”, afirmó el ministro Espinoza.
“Esta iniciativa es una señal de que Bolivia elige la transparencia como instrumento de gobernanza y reconoce el derecho de la ciudadanía a comprender oportunamente el estado de su propia economía”, declaró el representante Residente del BID, Leopoldo Avellán.

Seis meses de espera: El Gobierno asumió en noviembre de 2025, pero, según explicó Espinoza, priorizó estabilizar la crisis económica heredada (decrecimiento del PIB, reservas bajas y otros).

“Cuando uno recibe una economía en estado crítico, lo primero es estabilizarla. Luego viene el diagnóstico de las causas”, dijo Espinoza.
Enfatizó que se hizo una revisión intensiva y tomó meses analizar una gestión de 20 años, línea por línea, con apoyo BID, y que “esto evitó distorsiones para gobiernos subnacionales y permitió bases realistas”.

Qué sigue: Las empresas públicas deficitarias enfrentan evaluación por la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP) en 90 días, con competencia extraordinaria para actuar como liquidadora. En próximas semanas, la plataforma sumará seguimiento en tiempo real del Gobierno actual.