Lo esencial: La Fiscalía de La Paz presentó acusación formal contra el exministro de Justicia César Siles y otros seis implicados por una presunta operación para manipular la justicia y forzar la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.

Por qué importa: El caso expone una presunta red articulada entre autoridades del Ejecutivo, operadores judiciales y funcionarios del sistema de justicia que habría buscado alterar la composición del máximo tribunal del país.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, calificó el episodio como un intento de “golpe” al Órgano Judicial y advirtió que la red buscó extender su influencia al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura.

Los acusados: La Fiscalía ubica a los procesados en distintas capas de la presunta operación.

César Siles, entonces ministro de Justicia, aparece como la figura política de mayor peso; Yván Córdova, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) La Paz, es señalado como uno de los articuladores judiciales.
Claudia Castro, exvocal del TED, figura como organizadora de reuniones previas; Iván Campero, magistrado suplente de Fanny Coaquira, habría sido el principal beneficiario del eventual apartamiento de Coaquira.
José Ramiro Uriarte y Oscar Antonio De La Fuente aparecen como actores jurídicos clave en la activación del recurso; Sergio Edwin Sarmiento es señalado como funcionario del juzgado de Coroico con participación en el trámite.

El antecedente clave: El caso surgió a partir de una acción de cumplimiento presentada el 11 de junio de 2025 por De La Fuente, que buscaba suspender a Coaquira bajo la acusación de haber presentado documentación falsa para habilitarse como candidata a las elecciones judiciales de diciembre de 2024.

Según la investigación, la acción no habría sido una iniciativa aislada, sino parte de una operación más amplia que involucró reuniones desde mayo en la oficina particular de la exvocal Castro, en el séptimo piso del Shopping Norte de La Paz.

El audio que detonó el escándalo: La causa tomó dimensión nacional cuando se difundió un audio atribuido a Siles, en el que habría conversado con el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, asegurándole garantías si fallaba a favor de la acción de cumplimiento.

El fiscal Miguel Cardozo afirmó que un peritaje estableció que las grabaciones son verídicas; la acusación incorpora más de 40 elementos probatorios, entre ellos transcripciones de conversaciones e inspecciones oculares.

La muerte del juez Lea Plaza: Marcelo Lea Plaza, exjuez de Coroico y uno de los primeros detenidos, se quitó la vida mientras cumplía detención domiciliaria tras salir de la cárcel, según la autopsia realizada.

Antes de morir, denunció presiones y torturas presuntamente ejercidas por funcionarios de Régimen Penitenciario y del Ministerio de Gobierno, y señaló intentos de direccionar sus declaraciones dentro del proceso.

Sí, pero: En medio del proceso surgió la controversia de un supuesto acuerdo entre Siles, Córdova y la magistrada Coaquira que contemplaría reparación económica y una posible modificación de la tipificación penal hacia encubrimiento.

Coaquira negó la existencia de tal acuerdo y aseguró que no firmó ningún documento ni avaló una salida alternativa; la Fiscalía tampoco aceptó cerrar el caso por esa vía.

Los números: La Fiscalía pide una condena de 10 años de prisión para los siete procesados, la sanción máxima prevista para el delito de consorcio, y sustenta su acusación en más de 40 elementos probatorios.

Qué sigue: El juez anticorrupción de La Paz deberá definir si admite el pliego acusatorio y abre formalmente el juicio oral. Siles ya dejó el cargo y cumple arresto domiciliario, Castro permanece recluida en Obrajes, De La Fuente sigue prófugo y el resto de los acusados cumplen detención domiciliaria.