Lo esencial:El Tribunal Supremo de Justicia reveló este jueves un informe que detecta irregularidades, posibles delitos y fallas estructurales en el proceso judicial del caso Mutualista, abriendo la vía a procesos penales contra autoridades y particulares involucrados.

Por qué importa: El informe cuestiona la legalidad de todo el proceso que podría transferir a manos privadas un terreno público valuado en hasta 200 millones de dólares, del cual dependen más de 5.000 familias que trabajan en el mercado Mutualista, uno de los principales centros de abastecimiento de Santa Cruz.

Los hallazgos: La Comisión de Transparencia del TSJ detectó múltiples irregularidades en la documentación y actuaciones judiciales del caso.

Inconsistencias en la documentación de la supuesta transferencia del terreno y falta de respaldo en registros de Derechos Reales.
Irregularidades en la identidad del presunto propietario: el SEGIP certifica el nombre como Nelson Miguel Crapuzzi Dirienzo, pero en otros documentos figura de manera distinta.
Un amparo constitucional tramitado fuera de jurisdicción por una jueza de Pailón, quien otorgó medidas cautelares antes de declararse incompetente.
Indicios de prevaricato en una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Contexto: La disputa por el terreno de casi 4,5 hectáreas enfrenta al Gobierno Municipal de Santa Cruz con la familia Crapuzzi, que reclama la propiedad basándose en registros de 1969. Sin embargo, documentos históricos muestran que el predio fue expropiado por el municipio entre las décadas de 1980 y 1990 para la construcción del mercado, con pagos acreditados a los propietarios originales, entre los que no figura la familia demandante.

Las denuncias políticas: Concejales opositores cuestionan la legalidad de los documentos utilizados en el proceso y señalan posibles vínculos irregulares.

La exconcejala Silvana Mucarzel denunció que un plano presuntamente adulterado fue legalizado por el Gobierno Municipal y remitido al Concejo por el alcalde Jhonny Fernández, incluyendo el nombre de la familia Crapuzzi como propietaria.
Los concejales Luis Alberto Vaca y Lola Terrazas sostienen que los documentos originales —incluidos planos históricos y registros de expropiación— no mencionan a dicha familia.
Concejales opositores aseguran investigar presuntos nexos entre la familia Crapuzzi y la gestión municipal, sugiriendo la existencia de una red que habría facilitado documentación clave.

Qué dicen: Las autoridades y actores cívicos se pronunciaron sobre los hallazgos del informe.

“No se puede excluir la responsabilidad penal solo por tratarse de una sentencia constitucional”, advirtió el presidente del TSJ, Rómer Saucedo.
“¿Cómo se omitieron pasos básicos que cualquier ciudadano debe cumplir?”, cuestionó Saucedo sobre las inconsistencias en la identidad del heredero.
“Se los ha encontrado con las manos en la masa”, afirmó el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, exigiendo juicios de responsabilidades contra todos los involucrados.

Sí, pero: Pese a las irregularidades detectadas por el TSJ, sentencias constitucionales recientes favorecieron a los Crapuzzi, obligando incluso a derogar normas municipales que declaraban el terreno como bien público y ordenando la entrega de documentación clave. El escenario queda abierto entre una sentencia constitucional vigente que favorece a privados y un informe oficial que cuestiona la legalidad de todo el proceso.

Qué sigue: Los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público, mientras actores políticos, cívicos y autoridades evalúan la reactivación de procesos penales previamente rechazados. El Comité pro Santa Cruz anunció que activará medidas de presión para evitar que el predio pase a manos privadas.