Un juez prohíbe difundir encuestas electorales y desata la polémica
Lo esencial: El juez Diego Campero García, de El Torno, emitió una medida cautelar que prohíbe a medios de comunicación y plataformas digitales difundir encuestas de intención de voto para la segunda vuelta de la Gobernación de Santa Cruz.
Por qué importa: La decisión genera un choque entre el derecho a un voto libre e informado y la libertad de prensa, poniendo en tensión dos derechos fundamentales del sistema democrático boliviano.
- Al silenciar a los medios formales, la ciudadanía podría recurrir a encuestas informales y no verificadas en redes sociales, creando un ecosistema informativo más opaco.
El conflicto de fondo: El núcleo de la controversia reside en un choque de atribuciones institucionales entre la justicia ordinaria y el órgano electoral.
- El Tribunal Supremo Electoral sostiene que la regulación de encuestas es su competencia exclusiva según la ley vigente, con plazos y requisitos técnicos ya establecidos.
- El juez intervino mediante una acción popular, mecanismo constitucional para proteger derechos colectivos, argumentando que busca salvaguardar el derecho ciudadano a información veraz.
Qué dicen: Las posiciones enfrentadas reflejan la profundidad del debate jurídico y político.
- La acción popular, presentada por una ciudadana, sostiene que existe profunda desconfianza en la veracidad de las encuestas y que su difusión cerca de un debate electoral afecta la transparencia del proceso.
- Especialistas y el Órgano Electoral consideran la medida desproporcional y excesiva, ya que prohíbe de forma general sin demostrar un daño real o inminente.
- El TSE ha manifestado que esta decisión representa una invasión de sus competencias específicas y no avala la imposición de “reglas paralelas” sobre el proceso electoral.
Sí, pero: Los medios de comunicación han calificado la medida como un precedente delicado para la libertad de expresión y evalúan acciones legales para revertirla, mientras el caso ha dividido opiniones entre quienes desconfían de las encuestadoras y quienes exigen su derecho a acceder a datos antes de votar.
Qué sigue: Se espera que medios afectados y el Órgano Electoral presenten recursos de apelación en las próximas 48 horas, y el caso podría escalar al Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se definiría si un juez ordinario tiene potestad de limitar atribuciones del TSE.
