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Lo esencial: Economistas y el sector privado advierten que el incremento salarial del 20% que exige la Central Obrera Boliviana (COB) acentuará el déficit fiscal, disparará la inflación y fomentará la informalidad laboral en Bolivia.

Por qué importa: El salario mínimo es la base para calcular pensiones y bonos sociales, por lo que un alza automática obligaría al Estado a gastar recursos que no está generando, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.

Las micro, pequeñas y medianas empresas que no puedan asumir los nuevos costos podrían reducir personal o evitar contrataciones formales, trasladando además el incremento a los precios finales de bienes y servicios.

Contexto: En diciembre de 2025, el presidente Rodrigo Paz elevó el salario mínimo nacional en un 20%, situándolo en Bs 3.300, como paliativo frente al ajuste en los precios del diésel y la gasolina. Esa medida generó en los sindicatos la expectativa de que un aumento similar debe aplicarse a todos los trabajadores.

Los números: Entre 2021 y 2024, los incrementos salariales oscilaron entre el 2% y el 5,85%, reflejando una política relativamente prudente. En 2025 el aumento subió al 10% y en 2026 alcanzó un 20%, marcando un quiebre en la tendencia.

Qué dicen: Las posiciones sobre la demanda salarial están claramente divididas entre el Gobierno, el sector privado y los economistas.

“Las arcas del Estado no aguantan” un ajuste adicional de esa magnitud e insistir en estas medidas forzará al país hacia la quiebra, afirmó el viceministro Wilson Santamaría, quien calificó la demanda de “irresponsable”.
“Aumentar salarios sin un respaldo en la productividad equivale a una invitación cordial a la insolvencia”, advirtió el economista Gonzalo Chávez, señalando que el sector privado enfrenta una recesión con demanda contraída y costos en expansión.
La Cámara Nacional de Industrias advirtió que un nuevo ajuste provocaría un alza descontrolada de precios y destruiría el empleo formal, argumentando que Bolivia ya posee uno de los salarios mínimos más altos de la región.

Golpe al empleo: Según el economista Fernando Romero, el alza salarial podría llevar a toma de decisiones, como reducir personal, evitar contrataciones formales o incluso incumplir normativas laborales.

Sectores como comercio, servicios, construcción y agro serán los más afectados. “En resumen, muchas empresas no tendrían la capacidad de asumir este aumento sin ajustar empleo o trasladar los costos a precios”, dice Romero.

Sí, pero: La dirigencia cobista, representada por Mario Argollo, defiende la propuesta como una medida necesaria para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al encarecimiento de la canasta familiar. El pliego petitorio exige un incremento del 20% al haber básico anclado en la inflación del año anterior.

Entre líneas: Informes técnicos subrayan que elevar la masa salarial obligaría al Gobierno a recurrir a mayor endeudamiento o al uso de reservas internacionales para cubrir el gasto corriente.

Este incremento de costos operativos también afectaría a empresas estatales estratégicas como YPFB, reduciendo su margen de inversión y su capacidad para sostener operaciones a mediano plazo.

Qué sigue: El ministro de Trabajo, Edgar Morales, anunció que convocará a una reunión tripartita entre el Gobierno, la COB y el sector empresarial para analizar técnicamente el porcentaje solicitado.