Lo esencial: La crisis por la distribución de gasolina contaminada en Bolivia escaló al ámbito judicial con una denuncia penal contra cuatro figuras clave del sector hidrocarburos: el ministro Mauricio Medinaceli, el expresidente de YPFB, Yussef Akly, el director de la ANH, Freddy Zenteno, y la exdirectora de la ANH, Margot Ayala Lino.

Por qué importa: Los acusados enfrentan cargos por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, tras la comercialización de gasolina desestabilizada que provocó daños masivos en el parque automotor con más de 10.000 denuncias formales de afectados.

El problema de fondo: La diputada Lissa Claros cuestionó que por una supuesta incompetencia de las autoridades, sea el “bolsillo de los bolivianos” el que deba pagar por los errores al adquirir lo que calificó como “gasolina basura”. La legisladora exigió que la Fiscalía investigue el origen de los fondos destinados a estas compras.

Los números: El impacto económico en los propietarios de vehículos es significativo.

Hasta el 60% de vehículos en talleres presentaban fallas por el combustible deficiente.

YPFB dispone de más de 7,4 millones de bolivianos para compensaciones.

3.914 usuarios inicialmente habilitados para cobrar compensaciones.

Estado actual: La crisis provocó cambios en la cúpula petrolera. El presidente Rodrigo Paz posesionó a Claudia Cronenbold como nueva presidenta de YPFB en reemplazo de Akly, quien dejó el cargo en medio de críticas por la calidad del carburante y presuntos sobreprecios en importación. Sectores legislativos solicitaron activar una alerta migratoria contra Akly.

Qué dicen: Las autoridades intercambian acusaciones sobre las responsabilidades en la crisis.

El ministro Medinaceli señaló al expresidente de YPFB Armin Dorgathen, alegando que tuvo conocimiento de problemas desde septiembre de 2025 sin tomar medidas.

El Gobierno sugiere la existencia de un posible “boicot interno” dentro de YPFB.

Santos Escalante, dirigente del transporte en El Alto, destacó la recepción de carpetas incluso de vehículos sin documentos a nombre del propietario actual.

La solución: YPFB implementó medidas para gestionar las compensaciones y atender a los afectados.

Habilitación del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) el 3 de marzo de 2026.

Apertura de ventanillas presenciales en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad y Oruro.

Ampliación del plazo para registrar denuncias hasta el 15 de abril de 2026.

Extensión hasta el 30 de abril para casos especiales.

Pagos mediante ventanilla bancaria o abono en cuenta disponibles desde el 1 de abril.

Entre líneas: El caso de Margot Ayala marca un punto de inflexión: inicialmente citada solo como testigo, terminó siendo denunciada formalmente, mostrando cómo el escándalo dejó de centrarse en eslabones operativos para alcanzar las esferas de decisión institucional.

Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, así como el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, son mencionados en el debate público pero sin denuncia penal formal en su contra.

Qué sigue: La Fiscalía Departamental de La Paz conformó una comisión de fiscales para revisar documentación técnica y registros de YPFB en varias ciudades, buscando determinar si existió dolo en la compra de combustible adulterado y desarticular una presunta red que manipulaba carburantes.