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Lo esencial: El Gobierno presentará en los primeros días de abril un Presupuesto Reformulado con modelo de “base cero”, que busca reducir el déficit fiscal en al menos un 30% y reorganizar de manera estructural el gasto público en Bolivia.

Por qué importa: El nuevo enfoque rompe con el modelo tradicional de asignación incremental que, según el Gobierno, arrastró durante años estructuras de gasto ineficientes.

El esquema de base cero implica revisar cada partida desde su origen, redefiniendo prioridades y eliminando gastos considerados innecesarios, lo que afectará la distribución de recursos en todo el aparato estatal.

Contexto: La iniciativa surge en un escenario marcado por restricciones financieras y tensiones políticas. Durante el primer trimestre del año, el Ejecutivo operó con un “presupuesto automático” de más de Bs 377.000 millones debido al bloqueo legislativo a la propuesta original.

El ajuste responde a un contexto complejo, marcado por una caída económica en 2025 y niveles elevados de inflación, según el propio Gobierno.

El plan: La propuesta será enviada a la Asamblea Legislativa tras un proceso de ajuste técnico y socialización con actores políticos y autoridades subnacionales.

La presentación incluirá un diagnóstico del pasado presupuestario, una evaluación del presupuesto vigente y una proyección del rumbo fiscal del país.
El Ejecutivo trabaja en la actualización de variables macroeconómicas clave como el crecimiento, la inflación y el equilibrio fiscal.
El presupuesto reformulado también busca sentar las bases del modelo “50/50”, una propuesta de redistribución de recursos entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas.

Medidas de ajuste inmediato: Como parte de la estrategia, el Ejecutivo ya implementó medidas de austeridad que afectan directamente la estructura de los ministerios.

Se aplicó una reducción mínima del 30% en el gasto salarial de los ministerios, incluyendo el congelamiento de la masa salarial y la restricción de nuevas contrataciones.
Las entidades están obligadas a realizar ajustes internos para cubrir eventuales necesidades de personal.
Se suman acciones orientadas a reducir el tamaño del aparato estatal y eliminar distorsiones administrativas.

Qué dicen: “Hay que ver hacia dónde se ha ido la plata”, sostuvo el ministro de Economía José Gabriel Espinoza, al remarcar que el presupuesto no puede seguir reproduciendo problemas estructurales acumulados durante dos décadas.

Sí, pero: La implementación del modelo “50/50” dependerá de acuerdos políticos. Espinoza reconoció que el presupuesto no es una construcción exclusivamente técnica, sino el resultado de negociaciones con la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial y los gobiernos subnacionales.

Entre líneas: El Gobierno ya inició la socialización del plan con autoridades electas y representantes legislativos, en un intento por asegurar su aprobación en un escenario político fragmentado.

La viabilidad del Presupuesto Reformulado dependerá de la capacidad del Ejecutivo de construir consensos en medio de tensiones políticas y demandas regionales.

La conclusión: Más allá del debate técnico, la propuesta marca un punto de inflexión: el intento de dejar atrás un esquema de gasto considerado insostenible y avanzar hacia una nueva lógica de administración de los recursos del Estado.