Lo esencial: Tras las elecciones subnacionales, el Gobierno de Rodrigo Paz retoma su compromiso de modificar o abrogar aproximadamente 100 normas —60 leyes y más de 40 decretos— que considera obstáculos para implementar el proyecto de redistribución fiscal “50/50”.

Por qué importa: La modificación de estas normas definiría un rediseño profundo del Estado boliviano, dividiendo los recursos fiscales en partes iguales entre el nivel central y los gobiernos subnacionales.

El éxito o fracaso del plan afectará directamente a gobernaciones, municipios, empresarios, sindicatos y la burocracia central, activando intereses contrapuestos en todo el espectro político y social.

El antecedente clave: La decisión de esperar al cierre del ciclo electoral responde a la necesidad de definir el mapa de alianzas regionales. El proyecto requiere del respaldo de gobernadores y alcaldes, quienes son los actores centrales y principales beneficiarios de la redistribución fiscal propuesta.

Al contar con autoridades recientemente elegidas, el Gobierno busca generar presión política desde las regiones y ganar legitimidad para impulsar cambios que enfrentarían bloqueo en una Asamblea Legislativa donde el oficialismo no tiene mayoría absoluta.

Las dificultades: Las normas a intervenir según su complejidad y costo político pueden clasificarse de la siguiente manera:

Dificultad baja: Normas de limpieza burocrática, trámites duplicados entre ministerios, requisitos innecesarios para licencias y regulaciones técnicas obsoletas.

Dificultad media: Regulaciones económicas parciales, restricciones a la inversión y posibles ajustes en normas laborales para flexibilizar la contratación.

Dificultad alta: Eliminación de subsidios a combustible y energía, control de precios de alimentos básicos y normativas sobre sectores estratégicos como hidrocarburos y recursos naturales.

Qué dicen: El debate enfrenta posiciones marcadamente opuestas entre oficialismo y críticos:

“Lo que no te sirve, lo que sobrerregula el Estado, hay que eliminarlo. Tan sencillo como eso”, afirmó el presidente Rodrigo Paz.

“Rodrigo Paz pidió el voto prometiendo el 50/50… hoy esa promesa se relativiza o se pone en duda”, señaló el senador Leonardo Roca (Alianza Libre).

“El 50/50 no está bien sustentado en la Constitución, pues la distribución debe basarse en necesidades y competencias, no en una cifra arbitraria”, advirtió el constitucionalista Carlos Bellott.

Sí, pero: El analista económico Alejandro Banegas advirtió que sin apoyo en la Asamblea, el plan podría quedar solo “en anuncios sin avances reales”.

Andrea Barrientos, siendo aún viceministra de Autonomías, admitió la incertidumbre del proceso: “Es difícil decir cuánto va a durar… puede ir de dos o tres días, cinco semanas o 10 años”, dijo, pero sus declaraciones le costaron el cargo.

Entre líneas: La estrategia de desregulación masiva tiene precedentes internacionales con resultados mixtos.

Argentina, bajo Milei, logró una estabilización económica parcial pero con alto costo social.

Georgia, con Saakashvili, es considerado un éxito en reducción de corrupción.

Se anticipa una “resistencia silenciosa” de funcionarios y ministerios que temen perder cuotas de poder, mientras los sindicatos y movimientos sociales se perfilan como el principal foco de oposición ante cualquier flexibilización laboral o retiro de subsidios.

Qué sigue: Con el mapa político regional más claro, se espera que el Gobierno inicie la fase post-electoral. En los próximos días, el Ejecutivo debería presentar un cronograma o lista detallada de las primeras normas técnicas a derogar para medir la resistencia.