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Lo esencial: La excavación de zanjas en la frontera norte de Chile iniciada por la administración de José Antonio Kast a sólo días de haber asumido la presidencia de ese país ha sorprendido a Bolivia y reactivado el debate sobre su legalidad internacional, sobre todo frente al Tratado de Paz y Amistad de 1904.

Por qué importa: Las comunidades bolivianas fronterizas, como las del eje Colchane-Pisiga, enfrentan la interrupción de dinámicas de intercambio social y económico que familias binacionales han mantenido históricamente.

Si las excavaciones obstruyen rutas oficiales o encarecen la logística de transporte, podrían constituir una violación indirecta al libre tránsito de mercancías hacia puertos del Pacífico, derecho garantizado a Bolivia por el Tratado de 1904.

El plan: Las zanjas forman parte del “Plan Escudo Fronterizo” de Kast, un sistema que integra barreras físicas con tecnología de vigilancia.

Las excavaciones miden entre 2,5 y 3 metros de profundidad por 3 metros de ancho, complementadas con montículos de tierra de 1,4 metros y vallas de hasta 5 metros de altura.

El sistema incluye sensores de movimiento, radares térmicos, drones y vigilancia militar permanente.

El cronograma prevé cubrir 30 km en los primeros 90 días desde marzo de 2026, con una proyección total de 290 km en 4 años.

Contexto: Kast busca recuperar el control de una frontera que considera “porosa”, con objetivos declarados de frenar la migración irregular, combatir el narcotráfico y la trata de personas, y evitar el paso de vehículos robados (“chutos”) que cruzan ilegalmente hacia Bolivia.

Los efectos en Bolivia: Los impactos probables se dividen en tres ámbitos según el análisis interno.

Económico: golpe a la economía de subsistencia y al comercio informal en regiones fronterizas.

Social: presión humanitaria, ya que las zanjas pueden empujar a migrantes hacia rutas más peligrosas en el altiplano.

Político: tensión contenida que obliga al gobierno boliviano a equilibrar la defensa de la soberanía vecina con la protección de sus derechos históricos.

El marco legal: Chile sustenta las excavaciones bajo el principio de soberanía territorial, que permite a cualquier Estado construir infraestructura de seguridad en su territorio.

Bolivia podría argumentar que la facultad soberana chilena no es absoluta si afecta el Tratado de 1904, centrándose en la “afectación indirecta al libre tránsito” si las zanjas generan obstáculos arbitrarios al comercio formal.

También podría invocarse el principio de derecho internacional de “no causar daño significativo a otro Estado”.

Qué dicen: Las autoridades de ambos países han fijado posiciones públicas sobre la medida.

“Esto no es solo una zanja, es mucho más, es un sistema. Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano”, afirmó José Antonio Kast, presidente de Chile.

El ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, sostuvo que la frontera “hoy día es totalmente porosa” y que “paso a paso se vaya cerrando”.

La Cancillería boliviana, bajo la gestión de Rodrigo Paz, señaló que las medidas “responden a decisiones soberanas” de Chile, pero que se debe mantener la relación dentro de la “buena fe”.

“Las fronteras tienen que ser puntos de integración, no lugares donde se pongan vallas, muros o zanjas”, comentó, por su parte Jorge Tuto Quiroga.

La diputada boliviana Ana María Crispín dijo que la llegada de extranjeros “ha generado molestia” y que controles más duros podrían ayudar a frenar delitos transfronterizos, aunque también destacó la importancia de no afectar el tránsito legal de ciudadanos.

El diputado Rudy Pantaleón manifestó que la construcción de zanjas por parte de Chile tiene sentido para cuidar la frontera y sugirió que Bolivia podría adoptar medidas similares.

Sí, pero: El Gobierno de Bolivia ha mantenido una postura de prudencia, reconociendo incluso que el control fronterizo podría ayudar a reducir delitos que también afectan a la población boliviana.

La diputada Sandra Rivero (PDC) afirmó que la medida “no es un motivo para preocuparse”, evidenciando división de opiniones internas.

Qué sigue: Se espera el inicio de gestiones diplomáticas y consultas técnicas para evaluar el impacto real en las rutas logísticas. Bolivia monitoreará si las obras interfieren con los pasos habilitados, mientras Chile continúa el despliegue de maquinaria pesada bajo supervisión del Ejército.