Lo esencial: La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra desató una nueva crisis institucional en Bolivia: el colapso del sistema de custodia de bienes incautados, tras denuncias de saqueos y una orden fiscal que dejó sin resguardo una propiedad clave.

Por qué importa: El caso involucra más de $us 15 millones en bienes y pruebas vinculadas a una red internacional que operaba entre Bolivia, Paraguay, Brasil y Europa. El saqueo de propiedades precintadas y la posible pérdida de evidencia clave amenazan procesos judiciales en Bolivia y en el extranjero.

Las pérdidas por saqueos podrían alcanzar hasta $us 5 millones, cifra aún no confirmada oficialmente.

Los hechos: Tras el operativo que permitió desarticular parte de su estructura criminal, emergieron denuncias de fallas en la cadena de custodia y decisiones que habrían facilitado la pérdida de bienes millonarios.

Bienes incautados:

16 avionetas y dos aeródromos.
Cinco inmuebles precintados y otras propiedades de lujo.
Una decena de vehículos, varios blindados de alto nivel.
Motocicletas premium y cuadratracks.
21 armas de fuego de grueso calibre y municiones.
54 kilos de marihuana y pequeñas cantidades de cocaína.
Cajas fuertes aún no abiertas y equipos tecnológicos.
Más de 400 litros de combustible de aviación.

Las incautaciones revelan una red con infraestructura aérea propia, logística descentralizada y capacidad de protección armada.

El antecedente: Tras la fuga de Marset en 2023 ya se habían incautado bienes que luego, en parte, fueron devueltos mediante decisiones judiciales cuestionadas.

Hasta 27 inmuebles y 45 vehículos.
Más de $us 11 millones en efectivo.
Armamento, chalecos antibalas y vehículos de alta gama.

Saqueos bajo custodia estatal: Varias propiedades intervenidas en zonas como Urubó, Las Palmas y la doble vía a La Guardia fueron objeto de saqueos sistemáticos.

Retiro de bienes, dinero, joyas y objetos de valor.

Algunos inmuebles ya estaban bajo custodia estatal o precintados, lo que apunta a fallas críticas en la cadena de resguardo.

Qué dicen: El comandante de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, afirmó que una fiscal ordenó no ingresar a una quinta vinculada a Marset, dispuso precintar el inmueble sin asegurar custodia policial e instruyó retirar a los efectivos a otro operativo a cuatro horas de distancia.

“La Policía no tuvo participación en los saqueos y actuó bajo dirección funcional del Ministerio Público”, sostuvo Sokol.
Según la versión policial, durante ese intervalo el lugar quedó vulnerable y fue saqueado por terceros.
Sokol aseguró que ya se identificó el posible destino de los bienes sustraídos y que se trabaja en ubicar a los responsables.

Investigación en curso: El fiscal Alberto Zeballos abrió una investigación para determinar quiénes ejecutaron los saqueos, si hubo participación de funcionarios públicos y qué falló en la cadena de custodia.

Hasta el momento no existen detenidos ni responsables identificados, aunque no se descarta la implicación de policías, custodios o personal administrativo.

DIRCABI bajo presión: Los bienes están bajo administración de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), encargada de registrar, custodiar y administrar activos decomisados.

Las denuncias han puesto en duda la integridad de la evidencia, la transparencia en el manejo de activos y el control efectivo en operativos de alto riesgo.

La Asamblea exige explicaciones: La Asamblea Legislativa solicitó un informe detallado al Ejecutivo sobre bienes incautados, procedimientos de allanamiento, presencia o ausencia de fiscales y ubicación exacta de aeronaves, inmuebles y dinero.

Un golpe al caso: Expertos advierten que los saqueos implican desaparición de documentos, pérdida de dispositivos electrónicos y eliminación de posibles pruebas de lavado de dinero.

Marset ya enfrenta cargos en el extranjero y fue trasladado a Estados Unidos bajo coordinación internacional.
Fue recluido en el Centro de Detención William G. Truesdale, cerca del Tribunal del Este de Virginia.

La conclusión: El caso expone fallas estructurales: el Estado capturó al objetivo, pero falló en proteger la evidencia; la coordinación entre Policía y Fiscalía muestra fisuras graves; y el sistema de administración de bienes incautados enfrenta una crisis de credibilidad en uno de los casos más relevantes contra el narcotráfico en Bolivia.