Lo esencial: La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz desató una ola de reacciones en la política boliviana e internacional, donde líderes la calificaron como un “golpe histórico” contra el crimen organizado.

También exigieron investigar posibles redes de protección y encubrimiento que le habrían permitido operar durante años en el país.

Por qué importa: El caso abrió un fuerte debate político sobre responsabilidades pasadas y eventuales vínculos con estructuras de poder.

Autoridades nacionales e internacionales destacan el operativo como un hito en la lucha contra el narcotráfico.
Advierten un posible punto de inflexión para esclarecer redes criminales en la región.

Qué dicen: Las reacciones combinaron felicitaciones por el operativo y demandas de investigación.

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz: “La captura de Marset es una señal clara de que Bolivia vive un nuevo ciclo político donde no hay protección ni impunidad”. Añadió que corresponde investigar posibles vínculos con estructuras de poder o gestiones anteriores.
Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba: la detención es “una señal importante” tras más de 14 años en los que Bolivia fue cuestionada por el avance del narcotráfico y expresó que espera el desmantelamiento de toda la estructura criminal.
Jeanine Áñez, exmandataria del Estado: “Durante el gobierno de Luis Arce, con Eduardo del Castillo como ministro de Gobierno y autoridades policiales como Johnny Aguilera, este narcotraficante pudo operar en el país sin ser capturado. ¿Por qué antes no se pudo? ¿Faltó capacidad, voluntad política o definitivamente hubo protección dentro del aparato estatal?”.
Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz: “El narcotráfico no se acaba cuando cae un capo”, y preguntó: “¿Cómo pudo operar durante años dentro del país y quién lo protegía?”.
Lissa Claros, diputada de Libre: pidió que Marset declare con quién trabajaba y exigió investigar posibles nexos con exautoridades, entre ellas el exministro Eduardo del Castillo, durante la gestión de Luis Arce.
Tomás Monasterio, exdiputado: “El verdadero escándalo es que un narcotraficante de esta magnitud haya podido instalarse y operar durante tanto tiempo en Bolivia” y pidió una investigación profunda.
Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia: calificó la acción como un “operativo perfecto” y afirmó que ahora será la justicia internacional la encargada de procesarlo.
Samuel Doria Medina, empresario y líder político: “La captura del narco Marset es el mayor golpe contra el narcotráfico en Bolivia de este siglo”.
Edmand Lara, vicepresidente: “Lo denunciamos primero, advertimos que Marset estaba en Santa Cruz y no hicieron absolutamente nada”, y señaló que la captura se concretó tras un pedido formal de Paraguay y la intervención de agencias internacionales.
Iván Arias, alcalde de La Paz: “Que lo hagan en Bolivia es una buena señal de que se está haciendo buen seguimiento y se está tomando en cuenta en serio la lucha contra el narcotráfico. Tienen que saber que Bolivia no es un santuario donde pueden actuar y hacer libremente lo que se les ocurre”.
Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno: “Hubo una negligencia, en dejar de hacer las labores que se debía hacer de parte de la Policía Boliviana y del Ministerio de Gobierno de ese entonces (del gobierno de Luis Arce)”.
Leonardo Loza, exsenador y dirigente cercano a Evo Morales: “Ojalá se haga una investigación totalmente transparente. El que tiene que caer tiene que caer”.

Reacción internacional: El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó el liderazgo del presidente Rodrigo Paz y la cooperación bilateral en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas.

“El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado”, señaló un mensaje oficial.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, aseguró que el narcotraficante habría tenido planes para asesinarlo y lo vinculó con el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en 2022 en Colombia.
Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, sostuvo un contacto telefónico con el mandatario Rodrigo Paz y resaltó la colaboración entre ambos países y organismos internacionales que permitió la captura del narcotraficante.
Carlos Negro, ministro del Interior de Uruguay: “La colaboración entre autoridades de la región es clave para una persecución criminal verdaderamente efectiva. Felicitamos a las autoridades bolivianas, y en especial al ministro de Gobierno, Marco Oviedo, por el éxito de la operación”.

Los hechos: La detención se produjo entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada de este viernes en el exclusivo barrio Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra, tras un operativo dirigido por el fiscal antidroga Julio César Porras.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) desplegaron un cerco táctico con francotiradores y control perimetral para evitar una nueva fuga.
Marset contaba con vehículos blindados y custodia armada.
Al menos cuatro integrantes de su equipo de seguridad fueron detenidos.
Horas después fue trasladado desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru hacia Estados Unidos en una aeronave vinculada a la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration por sus siglas en inglés DEA).
Era buscado por Bolivia, Uruguay, Brasil e instancias como Interpol, DEA y Europol.
Estados Unidos ofreció en 2025 una recompensa de $us 2 millones por información sobre su paradero.

Contexto: Marset, considerado líder del llamado Primer Cartel Uruguayo, estaba prófugo desde julio de 2023, cuando escapó de un operativo policial en Bolivia. Comenzó su trayectoria criminal vinculado al tráfico de marihuana a comienzos de la década de 2010 y, tras salir de prisión en 2018, consolidó su red de narcotráfico.

Las investigaciones lo vinculan con el narcotraficante Miguel Ángel Insfrán Galeano y con la operación A Ultranza Py en Paraguay.
Su nombre apareció en indagaciones por el asesinato del fiscal Pecci y en operaciones de tráfico de cocaína hacia Europa mediante empresas fachada.

Qué sigue: Analistas señalan que su traslado a Estados Unidos podría abrir una nueva etapa en las investigaciones, ya que el sistema judicial estadounidense permite negociaciones de condena a cambio de información estratégica, lo que podría revelar detalles sobre redes de financiamiento, protección política y logística que permitieron a la organización operar durante años en varios países de Sudamérica.