Lo esencial: El exministro de Gobierno Arturo Murillo solicitó al presidente Rodrigo Paz ordenar una auditoría a los procesos judiciales que enfrenta en Bolivia, centrando su pedido en cuatro causas específicas que, según afirma, fueron “fabricadas” y forman parte de una persecución política.

La petición fue enviada en una carta desde la cárcel de San Pedro, La Paz, donde cumple seis meses de detención preventiva.

Por qué importa: La solicitud apunta directamente a cuatro procesos clave que Murillo considera irregulares y sin sustento jurídico, en un contexto en el que asegura enfrentar más de una veintena de causas.

El exministro sostiene que una auditoría independiente permitiría revisar la legalidad de estos casos.
Permanece con detención preventiva desde hace seis meses.

Los procesos que pide auditar: Aunque menciona más de una veintena de causas, su solicitud se enfoca en estos expedientes principales:

Caso Unidad de Investigaciones Financieras (UIF): Señala que se arrastra desde 2020 y que durante su detención se suspendieron al menos 25 audiencias. Afirma que la designación de personal de confianza en un gobierno transitorio era legal y denuncia que las suspensiones se usan como mecanismo de presión.
Gases Ecuador: Vinculado a la importación de material antidisturbios desde Ecuador. Sostiene que solo recibió gases lacrimógenos destinados a controlar hechos de violencia en 2019 y que la operación estaría respaldada por la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, aprobada en 1997.
Catering: Relacionado con la contratación de servicios durante su gestión. Asegura que nunca participó ni conoció el proceso de adjudicación y que continúa detenido sin que el caso haya avanzado. “Hoy purgo condena preventiva sin que el proceso se haya movido un solo milímetro desde mi ilegal apresamiento en septiembre de 2025”, indicó.
“Gases Brasil”: Vinculado a la compra de material antidisturbios desde Brasil, caso por el que fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero. Afirma que el Ministerio de Gobierno no realizó compras de gases entre 2019 y 2020 y que no debería ser juzgado nuevamente en Bolivia por hechos ya juzgados en el exterior.

Los hechos: En la carta firmada el 8 de marzo, Murillo denuncia que su situación judicial carece de sustento legal y que cumple una supuesta “pena anticipada”. Afirma que regresó a Bolivia desde Estados Unidos con la expectativa de un cambio político que permitiera resolver su situación, pero que tras medio año los casos no avanzan.

“Hoy me encuentro injustamente privado de libertad, cumpliendo seis meses de detención en el penal de San Pedro, sin justificación procesal alguna y bajo una evidente imposición de pena anticipada”, aseguró.
“Después de seis meses detenido, acusado en procesos fabricados y forzados, nada se mueve”.

Qué dicen: En la misiva dirigida a Rodrigo Paz Pereira, Murillo se declara “preso político”, critica lo que denomina “justicia azul” y sostiene que el Ministerio Público y parte del Órgano Judicial continúan bajo influencia del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Solo pido algo simple y justo: ordene una auditoría a todos mis procesos”.
“Si tengo algo que pagar, lo haré con gusto. Pero lo que hoy ocurre es una persecución política”.

Contexto: Murillo regresó a Bolivia en septiembre de 2025 tras ser deportado desde Estados Unidos, donde cumplió una sentencia por lavado de dinero relacionado con la compra de gases lacrimógenos durante la crisis política de 2019.

Fue detenido al llegar al Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz, y trasladado a La Paz, donde permanece recluido mientras enfrenta múltiples procesos vinculados a su gestión.

Denuncias adicionales: En la carta también acusa al expresidente Evo Morales de haber ordenado ataques contra su familia.

Asegura que grupos vinculados a Morales intentaron asesinar a su familia en una propiedad en Villa Tunari, en el Chapare.
Afirma que sus familiares se escondieron 90 días en la selva.
Durante el ataque, según relata, fue incendiado el Hotel Victoria, un emprendimiento familiar con más de dos décadas de trabajo.
“Incluso, mis perros fueron tirados a la calle (…).Señor Presidente, soy claramente un perseguido político”, afirmó.