Lo esencial: El presidente Rodrigo Paz puso en marcha este lunes, desde Santa Cruz, el proceso del denominado 50/50, una propuesta que busca redistribuir en partes iguales los recursos entre el nivel central y las regiones, y que abre un debate técnico y político sobre su implementación y beneficiarios.

Por qué importa: El 50/50 promete transformar la arquitectura fiscal del país al pasar de un esquema en el que el Ejecutivo concentra alrededor del 80% del presupuesto a uno en el que el 50% de los recursos públicos sea administrado por el Gobierno central y el otro 50% por gobernaciones, municipios y universidades públicas.

El plan: Presentado como una “decisión estructural” y no como consigna política, el 50/50 —según el mandatario— busca profundizar la autonomía, acercar el gasto al ciudadano y construir una economía “desde las regiones”.

Redistribuir recursos fiscales.
Transferir atribuciones administrativas.
Eliminar decretos y leyes que concentran poder en el nivel central.
Establecer mesas técnicas sectoriales para rediseñar competencias.

Sin embargo, no existe aún un documento técnico público que detalle el alcance exacto de la redistribución.

La polémica: No está claro qué recursos abarcará el 50/50 ni cómo se cubrirán obligaciones estructurales del Estado, lo que ha generado inquietud incluso entre sectores que respaldan la descentralización.

No se ha precisado si incluirá coparticipación tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), regalías o la totalidad del Presupuesto General del Estado.
Tampoco se ha explicado cómo el Tesoro General cubrirá deuda externa, subvenciones, defensa, programas sociales y transferencias condicionadas.
No existe hoja de ruta normativa, estudio actuarial ni análisis de impacto en el déficit fiscal.

Quiénes podrán beneficiarse: La redistribución favorecerá a regiones y actores con mayor capacidad económica y técnica.

Gobernaciones con mayor generación de ingresos y estructura administrativa sólida.
Municipios intermedios y grandes con capacidad técnica para ejecutar proyectos.
Universidades públicas, si se incluyen recursos universitarios.
Sectores productivos regionales, especialmente en Santa Cruz, que han demandado mayor control territorial sobre los recursos.

Quiénes enfrentan riesgos: También plantea posibles tensiones institucionales y territoriales.

Municipios pequeños con baja capacidad administrativa podrían enfrentar problemas de ejecución, control y transparencia.
El Gobierno central podría ver limitado su margen para cubrir obligaciones macroeconómicas y responder a crisis nacionales.
Podrían surgir tensiones políticas si se altera el equilibrio entre departamentos más productivos y aquellos con menor base económica.

Qué dicen: Paz defendió la iniciativa como un cambio estructural y anunció la eliminación de normas que, según su criterio, concentraron poder en el nivel central.

“El 50-50 no es dividir recursos, es multiplicar soluciones. No es debilitar al Estado, es hacerlo más eficiente”.
En X antes Twitter: “Hoy iniciamos junto al gabinete la fase técnica del 50/50, una decisión histórica y estructural para ordenar el Estado, eliminar la burocracia centralista y lograr más equidad mediante mesas sectoriales transparentes. Este proceso busca construir un paquete de leyes robusto con responsabilidad fiscal que trascienda lo electoral, distribuyendo responsabilidades con reglas claras. El objetivo es que los recursos lleguen al ciudadano para la salud, educación y para potenciar sus capacidades productivas”.

El dilema: Bolivia arrastra un modelo autonómico políticamente fuerte, pero fiscalmente incompleto, donde las competencias transferidas no siempre estuvieron acompañadas de recursos suficientes ni reglas claras de corresponsabilidad.

Entre las interrogantes técnicas están si requiere reforma constitucional, si se aplicará vía pacto fiscal o ley ordinaria, si habrá transición gradual y si existirá corresponsabilidad fiscal obligatoria.
El 50/50 podría convertirse en la reforma descentralizadora más profunda de las últimas décadas o en un experimento riesgoso sin blindaje macroeconómico.

Qué sigue: El gabinete en Santa Cruz marca el punto de partida del proceso. La prueba será cuando el discurso se convierta en cifras, leyes y responsabilidades concretas, en medio de un debate tensionado por la falta de ingeniería fiscal definida y cronograma público.