Caso B-Agro golpea la apuesta estatal por la producción agropecuaria estratégica
Lo esencial: El exgerente de B-Agro, Ramiro Villarpando C., fue enviado a detención preventiva por 60 días al penal de San Pedro, acusado de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes que habrían generado un daño económico al Estado superior a los 101 millones de bolivianos.
Por qué importa: El caso expone una vez más el fracaso de una empresa pública creada en 2022 (gestión de Arce Catacora) con 140 millones de bolivianos del Tesoro General para fortalecer la soberanía alimentaria, pero que ahora enfrenta una investigación penal por presuntas irregularidades de alto impacto económico.
Los investigados: El Ministerio Público confirmó que al menos siete personas están siendo investigadas en el caso.
- Remmy Gonzales, ministro de Desarrollo Rural entre abril de 2021 y marzo de 2024.
- Santos Condori, ministro entre marzo y agosto de 2024.
- Yamil Flores, ministro entre agosto de 2024 y noviembre de 2025.
- Tres funcionarios del área administrativa de B-Agro cuyos nombres no fueron difundidos.
Las irregularidades detectadas: La Fiscalía identificó al menos seis hechos irregulares en la gestión de la empresa estatal.
- Gastos operativos que superaron ampliamente los ingresos (egresos por más de Bs 24 millones frente a ingresos de aproximadamente Bs 13 millones).
- Pago de salarios a personal de unidades que ya habían sido cerradas administrativamente.
- Contrataciones y alquileres de predios y maquinaria pese a que la empresa contaba con tierras fiscales asignadas.
- Contratos presuntamente irregulares para la adquisición de agroquímicos, semillas e insumos.
- Deudas acumuladas y devoluciones pendientes a proveedores.
Contexto: B-Agro fue creada el 20 de abril de 2022 mediante Decreto Supremo 4701 durante el gobierno de Arce Catacora como Empresa Pública Nacional Estratégica para la producción, procesamiento y comercialización de productos agrícolas y pecuarios.
- Tenía sede administrativa en La Paz, oficina operativa en Santa Cruz y desarrollaba actividades principalmente en predios rurales del oriente boliviano.
Entre líneas: El caso reabre el debate sobre gestión, control y fiscalización de empresas públicas estratégicas en Bolivia, instalando nuevamente la discusión sobre la eficiencia, transparencia y los mecanismos de supervisión en entidades creadas con recursos estatales para impulsar políticas de desarrollo y soberanía alimentaria.
Qué sigue: Se desarrolla la etapa preparatoria del proceso penal mientras la Fiscalía analiza el grado de responsabilidad de los tres exministros en la supervisión y control de la empresa estatal durante sus respectivas gestiones.
