Marcelo Mayta, dirigente de la COR de El Alto. Foto: Captura de pantalla.

El Alto y las 20 provincias aún no definen medidas por el diésel

Lo esencial: La Federación Túpac Katari, las Bartolina Sisa, la Central Obrera Regional de El Alto, juntas vecinales y gremiales suscribieron un pacto “social-territorial” para coordinar demandas del departamento de La Paz y consultar a sus bases sobre el DS 5716.

Por qué importa: El acuerdo reúne a las organizaciones que sostuvieron los bloqueos de mayo y junio, y el propio documento advierte que recurrirán a acciones de reivindicación social si el Gobierno no atiende sus demandas.

  • El pacto no llega solo: los choferes sindicalizados ya exigieron anular el decreto y resolvieron replegar sus vehículos el lunes 28, con amenaza de medida indefinida.

El alcance real: No es una nueva organización: cada federación mantiene su dirigencia y sus bases, y lo que acordaron es actuar de forma coordinada.

  • No se precisó cuándo volverán a reunirse ni cuál será el mecanismo para conocer los resultados de la consulta sobre el diésel.

La agenda que firmaron: El pacto excede al diésel. Incluye carreteras, hidrocarburos, infraestructura, desarrollo productivo, riego, energía solar, salud, educación, servicios básicos, comercio y desarrollo metropolitano.

  • El objetivo declarado es exigir al Gobierno central mayor inversión para el departamento.

Qué dicen:

  • Marcelo Mayta, dirigente de la COR de El Alto: se trata de “un día histórico” y de un pacto que marcará un lineamiento de desarrollo para La Paz. Advirtió que si el Gobierno no escucha a estas organizaciones, “nos van a ver en las calles”.
  • Rolando Choque, de la Túpac Katari, que leyó el documento: el Ejecutivo “no puede sacar un decreto supremo de manera autoritaria”.

El antecedente clave: La alianza se recompone después de meses de fricción. Durante los conflictos de mayo y junio, la Túpac Katari y las Bartolinas se distanciaron de la Central Obrera Boliviana tras su acuerdo con el Gobierno, alegando que las 20 provincias no fueron tomadas en cuenta; el desencuentro llegó a la denuncia de un supuesto incumplimiento de un “pacto de lealtad”.

  • La Túpac Katari atravesó además una crisis de conducción: Vicente Salazar, que la encabezó durante los bloqueos, fue enviado a detención preventiva en Chonchocoro por la investigación sobre las protestas, y el 9 de julio Choque, hasta entonces secretario general, asumió la conducción por sucesión interna. Hoy es uno de los impulsores de la articulación.

La posición que se movió: Antes del decreto, Choque había señalado que las 20 provincias aceptaban un incremento del precio del diésel y rechazaban la eliminación de las subvenciones a la gasolina y al GLP.

  • Tras la fijación del diésel en Bs 17,95 por litro, exigió la abrogación del DS 5716 y advirtió medidas de presión si no se atiende el costo de vida.

Sí, pero: La comparación con 2003 la introducen los propios dirigentes para reivindicar su capacidad de coordinación; no surge de los hechos del acuerdo.

  • El escenario tiene una variable que entonces no existía: desde el 20 de septiembre rige una ampliación del estado de excepción por 90 días, hasta diciembre, aprobada por la Asamblea Legislativa después de que el Ejecutivo argumentara que persisten riesgos de conflictividad y posibles nuevos bloqueos.

Qué sigue: Las bases de cada organización deben definir su posición frente al DS 5716. De esa consulta depende si el acuerdo se traduce en una postura común y, eventualmente, en acciones de presión.

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