López anuncia su retorno y pide garantías; Áñez lo respalda
Lo esencial: Luis Fernando López Julio, exministro de Defensa, formalizó el pedido en una carta al presidente Rodrigo Paz y al presidente del TSJ, Romer Saucedo: volver sin ser aprehendido y afrontar en libertad las causas por la crisis de 2019.
Por qué importa: La respuesta del Gobierno y del TSJ definirá si un exfuncionario con condenas dictadas en su ausencia puede volver al país sin ser detenido.
- Ese criterio fija el estándar para las demás exautoridades del gobierno transitorio con causas abiertas por la crisis de 2019.
Qué pide
- Afirma que no busca impunidad, sino condiciones para ejercer su defensa y someterse a la justicia.
- Se declara dispuesto a cumplir medidas sustitutivas o detención domiciliaria, siempre que pueda trabajar mientras avanzan los procesos.
- Condiciona el retorno físico a que el Tribunal Constitucional dé curso a una acción de libertad pendiente.
Su situación judicial
- En octubre de 2024, el Tribunal 6.º de Sentencia Anticorrupción de La Paz lo condenó en rebeldía a ocho años por contratos lesivos al Estado, en el caso de la compra de material antidisturbios con un sobreprecio de $us 2,3 millones sobre un contrato de $us 5,6 millones. La Fiscalía apeló porque pedía diez años.
- En febrero de 2025 recibió una segunda condena en rebeldía, de cinco años y cuatro meses por incumplimiento de deberes, en el caso Gases Ecuador: la internación irregular de agentes químicos prestados por ese país el 15 de noviembre de 2019. La Fiscalía también apeló.
- Sigue procesado por los operativos de Sacaba y Senkata de noviembre de 2019, y figura en el caso Golpe de Estado I, cuya extinción fue ratificada en marzo de 2026 a favor de Luis Fernando Camacho, no de todos los imputados.
Qué dicen: López sostiene en su carta que las causas en su contra carecieron de sustento jurídico y que se le negaron pruebas y una defensa real: “Se utilizó la justicia como arma”, escribió.
- La expresidenta Jeanine Áñez respaldó el pedido, dijo que el exministro busca acompañar a su padre gravemente enfermo y cuestionó “una justicia que fue utilizada políticamente”.
Qué sigue: Ni el Gobierno ni el TSJ respondieron públicamente hasta el cierre de esta nota. El retorno depende de la decisión del Tribunal Constitucional. En paralelo, el Ejecutivo tiene plazo hasta octubre para concluir la reglamentación de la Ley 1686 de reparación a víctimas, por orden de la Resolución Constitucional 237/2026.
