El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo. FOTO: Archivo APG

El Gobierno da dos versiones sobre el FMI en 29 días

Lo esencial: El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó este jueves que el Decreto Supremo 5676 es uno de los condicionamientos del FMI. Hace 29 días, el entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, dijo que el Fondo no condiciona al país.

Por qué importa: Los sectores agropecuarios, productores y organizaciones que exigen abrogar el decreto negocian ahora contra una justificación distinta: no una decisión interna del Gobierno, sino un compromiso con el FMI.

  • El margen real de esa negociación depende de cuál de las dos versiones oficiales sea la correcta.

Qué dicen

  • 29 de julio — José Gabriel Espinoza, entonces ministro de Economía: “El Fondo no te condiciona cosas”. Sostuvo que las autoridades diseñaban su propio programa “con la soberanía correspondiente” y que el organismo lo aceptaba si era sostenible y viable.
  • 27 de agosto — Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia: “El Decreto 5676 es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del FMI en tanto liberación de precios de los hidrocarburos”, ante la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia.

El antecedente clave: El 29 de julio el Gobierno anunció un acuerdo técnico con el FMI por aproximadamente $us 1.900 millones a 36 meses.

  • La página oficial del Ministerio de Economía registró ese mismo día que el programa fue “diseñado e impulsado por las autoridades bolivianas” e incluía racionalización del gasto, reducción gradual del déficit y reformas estructurales.

Sí, pero: La afirmación de que el DS 5676 responde a un condicionamiento proviene de Aramayo, no de un documento ni de una declaración pública del FMI.

  • El acuerdo técnico, además, todavía debe pasar por el Directorio del organismo y está sujeto al cumplimiento de acciones previas.

Qué sigue: El presidente Rodrigo Paz descartó este jueves retroceder ante los alcaldes: “El decreto se puede mejorar, pero no se puede retroceder”. Los sectores que piden la abrogación mantienen la amenaza de movilización.

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