Lo esencial: La bancada de Libre anunció que no respaldará el proyecto de Ley de Inversiones que el Ejecutivo envió el martes 11 de agosto por su capítulo de arbitraje internacional. En paralelo aparecieron dos proyectos de reforma constitucional: el del diputado Carlos Alarcón (Unidad), presentado el jueves 13, y el de Jorge Tuto Quiroga, que Libre presentará el lunes 17.

Por qué importa: El desenlace define en qué plazo cambian las reglas para invertir en Bolivia. Si la ley alcanza por sí sola, el marco puede cambiar este mes; si primero hay que reformar la Constitución, el reloj se mide en meses o años.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, calculó que abrir ahora una reforma constitucional demandaría entre tres y seis meses solo para alcanzar consensos básicos.

El punto de choque: El desacuerdo se concentra en quién resuelve las controversias entre el Estado y los inversionistas.

El senador de Libre José Manuel Ormachea sostuvo que el proyecto habilita arbitrajes que la Constitución no permite: “Esta ley va explícitamente en contra de la Constitución Política del Estado”, afirmó, y advirtió que la norma no resistiría un control de constitucionalidad ni un amparo.
Espinoza defiende otra lectura: dice que la Constitución restringe el arbitraje internacional en determinados sectores y contratos, pero no lo prohíbe de forma general, y que el Gobierno interpretó el texto sin modificarlo.

Qué dice el proyecto sobre arbitraje

Solo procede cuando el Estado lo consintió expresamente, mediante tratado vigente, contrato de inversión o alianza público-privada.
Quedan excluidas la propiedad de los recursos naturales, las sanciones penales y la potestad del Estado de fijar impuestos y regalías.
Todo tribunal arbitral queda obligado a resolver aplicando leyes bolivianas.

Los tres caminos

El Gobierno sostiene que la ley —103 artículos, con la creación de una Agencia Nacional de Inversiones— puede aprobarse sin reforma previa. Reemplazaría a la norma vigente desde 2014.
Alarcón propone adicionar un artículo 412 para “desconstitucionalizar” 30 artículos, de modo que puedan derogarse o modificarse por ley con dos tercios de votos. Su proyecto incluye además eliminar las elecciones judiciales por voto popular.
Libre condiciona su apoyo a que la Constitución se modifique antes. Según su anuncio, la propuesta de Quiroga es la más amplia: alcanzaría entre 150 y 170 de los 411 artículos, en las áreas económica, política e institucional. Ormachea aclaró que su bancada está de acuerdo con abrir el arbitraje, pero no por ley ordinaria.

La ruta legal: Cualquier reforma parcial de la Constitución necesita dos tercios de la Asamblea y, después, un referendo nacional aprobatorio. Ese doble requisito es el que separa las dos rutas en el calendario.

El antecedente: El 9 de mayo, en el Encuentro Nacional de Cochabamba, Paz anunció la creación de una Comisión de la Reforma de la Constitución, abierta a sectores y regiones. En ese mismo acto Quiroga pidió acelerar la reforma parcial y sostuvo que sin ella las leyes anunciadas solo traerían “inversión por rendijas”.

Qué sigue: La Cámara de Diputados abrió una negociación para unificar en una sola norma los cuatro proyectos de Ley de Inversiones que ya están en el Legislativo. El oficialismo apunta a aprobarla en agosto. A partir del lunes la Asamblea tendrá dos procesos corriendo a la vez: la ley y las dos reformas constitucionales.