El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco Foto: APG

Gobernación cruceña alista convenio para importar combustible

Lo esencial: El gobernador Juan Pablo Velasco anunció este jueves en redes sociales que la Gobernación de Santa Cruz está por firmar un convenio con una empresa privada internacional para importar, almacenar y vender diésel y gasolina sin subsidio, a precios internacionales.

Por qué importa: La Gobernación entraría como actor directo en la cadena de suministro, en plena escasez de diésel que golpea al agro, al transporte pesado y a los surtidores cruceños. Quien compre ese combustible pagará más que el precio regulado de YPFB.

El plan

  • El convenio se ejecutaría mediante alianzas público-privadas, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Hidrocarburos, Minas y Energía de la Gobernación.
  • Velasco invoca los artículos 99 y 101 del Estatuto Autonómico que, según el comunicado, facultan al gobierno departamental a asociarse con empresas públicas y privadas para comercializar hidrocarburos y garantizar el abastecimiento en el departamento.
  • El objetivo declarado es asegurar el suministro para el sector productivo, el transporte pesado, el comercio y los usuarios cruceños.

Contexto: La importación y venta privada de combustible a precio de mercado ya es legal en todo el país desde el Decreto Supremo 5644, de junio, y ya opera en Santa Cruz.

  • A inicios de julio, Empacar Energy vendía el litro de diésel importado en Bs 15,80, frente a los Bs 9,80 del diésel subvencionado de YPFB.

Sí, pero: Esa misma norma autoriza a las entidades públicas distintas de YPFB a importar combustible únicamente para consumo propio, no para venderlo.

  • El propio Velasco reconoce ese candado: el convenio requiere un nuevo Decreto Supremo del gobierno nacional para poder ejecutarse, que habilite la relación entre un gobierno departamental y una empresa privada de importación y comercialización.

Qué sigue: Velasco anunció que la “socialización” del acuerdo será la próxima semana. Quedan por conocerse la identidad de la empresa y la respuesta del Ejecutivo nacional al pedido de decreto.

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