Lo esencial: Un estudio de la Fundación Milenio advierte que Bolivia dejó de ser un país de tránsito de drogas para convertirse en un centro de producción y exportación de cocaína, mientras la minería ilegal de oro, el contrabando y el lavado de dinero expanden una economía ilícita que penetra las instituciones.

Por qué importa: La expansión de estas economías ilícitas debilita la capacidad del Estado para investigar y sancionar a organizaciones criminales, erosiona la democracia y compromete la soberanía nacional.

El informe se conoce en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre el papel de Bolivia en las redes internacionales del narcotráfico, incluidos casos de exportación de cocaína oculta en cargamentos de madera y denuncias sobre el avance de la minería ilegal.

Los hechos: El estudio, elaborado por los investigadores Henry Oporto y Ricardo Calla, describe una transformación ocurrida durante las últimas dos décadas en la estructura económica ilícita del país.

El documento identifica la presencia de organizaciones brasileñas como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, además de cárteles mexicanos y mafias europeas, que mantienen alianzas con grupos locales para controlar rutas, laboratorios y mecanismos de exportación.
La minería ilegal de oro moviliza miles de millones de dólares al año y abre espacios para el lavado de activos a través de circuitos financieros y comerciales con controles insuficientes.
Los recursos generados por los mercados ilícitos se incorporan a circuitos legales mediante empresas, operaciones comerciales y mecanismos financieros, lo que dificulta su rastreo.

Los números: Según la Fundación Milenio, Bolivia produce actualmente más de 300 toneladas anuales de cocaína pura y se consolidó como uno de los principales centros regionales de procesamiento y exportación de esta droga.

Contexto: El estudio describe la aparición de “zonas de penumbra”, espacios donde actividades legales e ilegales conviven y se retroalimentan debido a la limitada presencia estatal y a la fragilidad institucional.

En estos territorios, las organizaciones criminales pueden adquirir capacidad de control económico, territorial e incluso político, según advierte el informe.

Qué dicen: Para Henry Oporto, el crecimiento de estas economías ilícitas trasciende el ámbito policial y se ha convertido en un problema de Estado. En distintas presentaciones del informe, el sociólogo sostiene que el crimen organizado no solo mueve grandes cantidades de dinero, sino que también erosiona la democracia, debilita las instituciones y compromete la soberanía nacional.

El plan: Frente a este escenario, la Fundación Milenio plantea una estrategia integral.

Reformas profundas en la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial.
Fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia financiera.
Mayor cooperación internacional y políticas destinadas a recuperar la presencia y el control estatal en los territorios más expuestos a la expansión del crimen organizado.

La conclusión: Para los autores del estudio, estos fenómenos ya no deben analizarse como hechos aislados. Forman parte de una economía ilícita cada vez más articulada que mueve grandes recursos, se conecta con actividades legales y puede influir sobre las instituciones, la seguridad y la estabilidad del Estado.