Funcionarios que denuncian caso de oro en Viru Viru son amenazados con despido y procesos penales
Lo esencial: El diputado Rolando Pacheco denunció este lunes que funcionarios de la Aduana que participaron en el decomiso de casi 200 kilos de oro en Viru Viru están siendo amenazados con despido y procesos penales si no firman informes falsos.
Por qué importa: Las presuntas amenazas contra funcionarios que actuaron con transparencia revelan un intento de encubrir irregularidades en un caso de contrabando valorado en 25 millones de dólares.
- Si se confirma la coacción, el Estado estaría protegiendo redes de corrupción en lugar de premiar la honestidad institucional, lo que afecta la credibilidad de futuras fiscalizaciones.
Los hechos: El cargamento de 189,5 kilos de oro con destino a Dubái fue retenido tras detectarse inconsistencias graves en la documentación.
- El código QR del formulario del Senarecom no tenía lectura y el DEX no figuraba en el sistema aduanero SUMA.
- La empresa exportadora, Emporio Dorado SRL, fue constituida recientemente.
- Un joven de 22 años identificado como Adrián L.R. permanece en detención preventiva por presuntos delitos de contrabando, enriquecimiento ilícito y comercialización ilegal de minerales.
Qué dicen: Pacheco calificó al detenido como un “palo blanco” y aseguró tener indicios sobre el verdadero dueño del metal, a quien describió como un “pez gordo”.
- “Lo vamos a hacer público y lo incluiremos en mi demanda penal”, afirmó el diputado, quien evitó dar nombres para no contaminar la investigación.
- El legislador describió el hallazgo como la “punta del iceberg” de una red que permite la salida de toneladas de oro sin pagar regalías ni impuestos.
Entre líneas: Pacheco denunció la existencia de una supuesta llamada tripartita entre altos mandos de las instituciones involucradas el día del decomiso, cuyo objetivo habría sido liberar a los cómplices y tapar los actos irregulares.
- Para el diputado, la permanencia de ciertas autoridades en sus cargos pese a las múltiples denuncias sugiere una complicidad estructural que llega a las esferas más altas del Gobierno.
Qué sigue: Pacheco confirmó la presentación de una nueva demanda penal contra el Senarecom, la Policía Boliviana y la Aduana por presunta complicidad en el contrabando. Ya existen 10 procesos penales en camino y cinco personas aprehendidas por diversos casos de corrupción.
