Ley antibloqueos cruceña: alcance, sanciones y límites legales de la propuesta
Lo esencial: La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz prevé sancionar la próxima semana su primera ley antibloqueos, una norma que no crea delitos ni penas de cárcel, sino sanciones administrativas y civiles contra las organizaciones que bloqueen.
Por qué importa: El alcance real de la ley depende de un límite que el anuncio oficial no menciona. Una gobernación no puede legislar en materia penal ni dar órdenes a la Policía, y de ahí surge la pregunta que define su utilidad para el ciudadano que sufre un bloqueo, si será una herramienta ejecutable o un gesto político.
El límite legal: La Constitución Política del Estado (CPE) reserva al nivel central como competencias privativas e indelegables, la legislación penal —el Código Penal— y la Policía Boliviana (arts. 298 y 299).
- Por eso una ley departamental no puede tipificar delitos, fijar penas de cárcel ni ordenar un operativo de desbloqueo, esas atribuciones no le pertenecen a la Gobernación ni a la ALD.
Qué sí puede hacer: Según el vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp, el proyecto se apoya en instrumentos administrativos y civiles, suspender o anular la personalidad jurídica de las asociaciones que participen en bloqueos y constituir a la Gobernación como parte para reclamar daños y perjuicios.
- Las penas de 3 a 30 años de cárcel que circulan en el debate corresponden a proyectos de ley nacionales, no al cruceño.
Contexto: La iniciativa surge después de los más de 50 días de bloqueos que afectaron a Santa Cruz y otras regiones del país, interrumpiendo el tránsito en rutas estratégicas como San Julián, Yapacaní y Guarayos.
- Las protestas dejaron pérdidas económicas, afectaron el abastecimiento y derivaron en enfrentamientos durante los operativos de desbloqueo.
El costo de los bloqueos en Santa Cruz: las tres cifras del daño
Fuentes: CAO, Cainco, Gobernación de Santa Cruz, ABCCAO — Sector agropecuario
Klaus Frerking, presidente · 50+ días de bloqueo
Cainco — Comercio e industria
Jean Pierre Antelo, presidente · 35 días de bloqueo
ABC — Daños en carreteras
Rodrigo Paz, presidente del Estado · cuantificación técnica ABC
No es la única en Bolivia
- El Beni aprobó en junio de 2026 su Ley Departamental de Defensa y Garantía de la Libre Transitabilidad, que crea un sistema de monitoreo y rutas alternativas y aclara que no criminaliza la protesta pacífica.
- A nivel municipal, Rurrenabaque (Ley Municipal 132) y Reyes (Ley Municipal 397) sancionaron normas de libre transitabilidad.
- En La Paz, el Concejo aprobó una Ley de Libre Locomoción que no llegó a promulgarse.
Qué dicen
- “El derecho a la protesta está estipulado en la Constitución Política del Estado, pero ya deja de ser un derecho a la protesta cuando afectas y vulneras otro derecho”, afirmó María René Álvarez, presidenta de la ALD.
- “No podemos seguir manteniendo un Estado donde sea inviable incluso hasta trabajar. Hay que defender los derechos fundamentales”, puntualizó.
El trasfondo político: El proyecto es la primera ley de la nueva gestión de la ALD y llega días antes de la reunión de gobernadores con el presidente Rodrigo Paz, prevista para el 5 de agosto en Sucre, donde figuran la agenda autonómica y la coparticipación tributaria —el llamado “50/50″— que impulsa el gobernador Juan Pablo Velasco.
Qué sigue: Álvarez anticipó que el informe estaría listo la próxima semana para llevar la norma para someterlo a votación en el pleno y si la norma es aprobada esperan que Velasco la promulgue “lo más pronto posible”.
- Posteriormente, quedará pendiente conocer la reglamentación y el alcance específico de las medidas administrativas y civiles que contempla.
