YLB audita el litio de Uyuni con la consulta indígena en disputa

Lo esencial: Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) lanzó una convocatoria internacional para auditar los componentes técnico, ambiental y social del Proyecto de Desarrollo Integral de la Salmuera de Uyuni, en coordinación con el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia.

Por qué importa: La revisión evaluará el desempeño social del principal activo de litio del país justo cuando ese punto está judicializado y cuando la planta insignia produce muy por debajo de lo prometido.

• En juego están recursos públicos ya invertidos y la credibilidad que Bolivia necesita para atraer inversión.

Los números

• La Planta Industrial de Carbonato de Litio de Llipi, en el municipio de Colcha K, tiene una capacidad instalada de 15.000 toneladas al año y hoy produce unas 2.500, el 16%, según el viceministro de Energías Alternativas, Luis Osorio.
• La distancia con los vecinos del triángulo del litio es de dos órdenes de magnitud, según los últimos datos anuales comparables de los tres países.

• Bolivia se mantiene por debajo del 1% de la producción mundial y fuera de los diez primeros productores.
• El país tiene recursos estimados en cerca de 23 millones de toneladas, entre los mayores del mundo, aún sin certificar como reservas.

El trasfondo: Los contratos con el consorcio chino CBC y la rusa Uranium One (Rosatom), por un total cercano a los $us 2.000 millones según los montos anunciados, siguen en la Asamblea Legislativa sin aprobación, con medidas cautelares dictadas por la vía judicial a pedido de la Defensoría del Pueblo.

• El Tribunal Constitucional Plurinacional revisa una acción popular de 53 comunidades de Nor Lípez, agrupadas en la CUPCONL, que observan la falta de consulta previa y de acceso a la información.

Qué dicen

• Iván Calcina, secretario general de la CUPCONL: “No estamos en contra del desarrollo ni de la industrialización”; pide respeto, información clara y participación real. [Confirmar textualidad y fecha de la declaración]
• Marcela Cortez, exdirectora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, sostuvo en la defensa estatal durante la acción popular que, porque el proceso sigue en trámite y aún no se definió la tecnología ni la ubicación de las plantas.

Sí, pero: La auditoría ofrece medir el desempeño social del proyecto, pero son la consulta previa y el acceso a la información —justo lo que las comunidades reclaman ante el TCP— los puntos en disputa.

• YLB no precisó si el diagnóstico contempla la participación de esas comunidades.

Qué sigue: La definición del TCP marcará la continuidad de los contratos frenados. El plazo y el alcance final de la auditoría aún no fueron detallados públicamente.