Salazar pasa a celdas de la FELCC mientras la Túpac Katari se declara en emergencia
Lo esencial: La Policía aprehendió este sábado en El Alto a Vicente Salazar, ejecutivo de la federación campesina Túpac Katari, con un mandamiento fiscal por cinco delitos, entre ellos terrorismo. Por la noche se acogió al silencio ante la Fiscalía y fue enviado a celdas de la FELCC.
Por qué importa: La aprehensión abre un nuevo capítulo en la judicialización de los bloqueos de mayo y junio y ya provocó la primera reacción de la organización que lidera Salazar: la Federación Túpac Katari se declaró en emergencia en sus 20 provincias.
El antecedente clave: Salazar ya había sido aprehendido el 10 de junio en el centro de La Paz y liberado horas después: el 29 de mayo, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz había dejado sin efecto las órdenes de captura tras conceder una acción de libertad.
- La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Margot Pérez, aclaró entonces que la suspensión no era definitiva y que el Ministerio Público debía reformular la fundamentación.
El proceso más amplio: La denuncia del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, incluye también al ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y al senador del PDC Nilton Condori.
- En paralelo, la Fiscalía de Santa Cruz admitió una denuncia del Comité pro Santa Cruz contra Evo Morales, Argollo y el propio Salazar por nueve delitos, entre ellos alzamiento armado. La admisión de una denuncia no implica culpabilidad.
Qué dicen: El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, pidió proceder también contra Morales y Argollo, y calificó a Salazar como «el eslabón más débil» del movimiento que atribuye a los bloqueos.
El descargo de la Túpac Katari: La federación calificó la detención de “arbitraria e ilegal” y la enmarcó en una “persecución política sistemática” contra dirigentes sociales de La Paz.
- Sostiene que Salazar, como ejecutivo, “solo fue el portavoz” de los pedidos de sus bases, y responsabiliza al Gobierno y a las fuerzas del orden por su integridad física, psicológica y jurídica.
- Afirma que más de 250 de sus afiliados enfrentan procesos judiciales e invoca la Constitución y el derecho a la protesta para exigir su liberación inmediata.
Qué sigue: Resta la imputación formal de la Fiscalía y la audiencia cautelar, en la que un juez definirá si Salazar enfrenta detención preventiva.
