Más de 200.000 “autos chutos” fueron legalizados en tres décadas: la historia de las amnistías
Lo esencial: Lo esencial: Un proyecto de ley presentado por el diputado Reinaldo Cea (Libre) propone una legalización extraordinaria de más de 500.000 “autos chutos” (vehículos indocumentados), un proceso que en Bolivia se conoce popularmente como la “nacionalización” de estos motorizados. El Gobierno de Rodrigo Paz, que asumió ese compromiso durante la campaña electoral, anunció que analizará la iniciativa.
Por qué importa: Detrás de la promesa hay un patrón: cada amnistía anterior se aprobó como “excepcional” y “por única vez”, y el debate siempre volvió.
- Esta vez, además, la propuesta aparece cuando el país importa la mayor parte del diésel que consume y acaba de retirar la subvención a los combustibles; legalizar más de medio millón de autos sumaría demanda a ese sistema.
- La Cámara Automotor advierte, por su parte, que la medida golpearía al comercio formal que sí paga impuestos.
El ciclo de las “últimas veces”: En tres décadas, Bolivia regularizó autos indocumentados una y otra vez, unas veces por decreto y otras por ley, y siempre bajo la misma promesa de excepcionalidad.
- La última norma vigente es la Ley 133 de 2011; según Bolivia Verifica, desde entonces no se ha aprobado otra, aunque las propuestas reaparecen cada cierto tiempo.
Cada amnistía de chutos fue la “última”
Procesos para legalizar autos indocumentados en BoliviaDecretos supremos 25093, 25234 y 25248: régimen de excepción para regularizar vehículos indocumentados.
Por única vezPrograma Transitorio, Voluntario y Excepcional, aprobado por decreto, para una nueva regularización.
ExcepcionalLey 133 de Saneamiento Legal, la última norma vigente. Reportes hablan de entre 72.000 y más de 120.000 autos legalizados.
Por única vezUn proyecto de ley (en debate) propone legalizar más de 500.000 vehículos. El Gobierno anunció que lo analizará.
¿La última?Entre 1994 y 2005 hubo, además, varios programas que en conjunto legalizaron 141.674 vehículos, según un proyecto del MAS (dato no auditado). Fuentes: Gaceta Oficial y Bolivia Verifica.
Los números
- Según la exposición de motivos de un proyecto del MAS, entre 1994 y 2005 se legalizaron 141.674 vehículos y se recaudaron más de Bs 1.128,3 millones; es un dato de esa iniciativa, no una cifra auditada de forma independiente.
- El programa de 2011 no tiene una cifra oficial única: los reportes van desde unos 72.000 vehículos hasta “más de 120 mil vehículos nacionalizados”, en parte porque no todas las fuentes cuentan lo mismo (autos, motos y maquinaria).
Los chutos son casi un tercio del parque registrado
Parque automotor de Bolivia, en número de vehículosEl parque registrado y los chutos estimados corresponden a 2023 (estudio municipal de La Paz); la cifra a legalizar es la del proyecto en debate. Fuentes: Bolivia Verifica y el proyecto de ley.
El choque con la crisis de combustibles: Sumar medio millón de vehículos dispararía la demanda de diésel y gasolina justo cuando Bolivia importa cerca del 90% del diésel y más de la mitad de la gasolina que consume.
- En diciembre de 2025, el Gobierno de Paz retiró la subvención a los carburantes (parcialmente) y subió la gasolina a Bs 6,96 y el diésel a Bs 9,80, una medida que, según el Ministerio de Hidrocarburos, evitó un gasto de unos $us 3.500 millones en 2026.
Qué dicen
- El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, se abrió a evaluarla: “si es bueno, hay que nacionalizar los autos chutos, pero hay que hacer análisis”.
- La Cámara Automotor Boliviana la rechaza: afirma que premiaría el contrabando y pondría en riesgo a las empresas formales.
- El transporte también la resiste: el dirigente Lucio Gómez recordó que “hay una ley prohibida nacionalizar carros después de los tres años”.
- El diputado opositor Carlos Alarcón cuestionó que la medida premie la impunidad y el incumplimiento de las normas.
Qué sigue: El Gobierno afirma que evaluará la propuesta en mesas técnicas antes de decidir, con el mismo argumento —el bien común por encima de la popularidad— con que defendió el retiro de la subvención. La discusión, que parecía cerrada desde 2011, vuelve a estar abierta.
