La Fiscalía admite denuncia penal contra Evo, Argollo y Salazar por los bloqueos
Lo esencial: La Fiscalía admitió la denuncia penal del Comité pro Santa Cruz contra Evo Morales y los dirigentes Mario Argollo (COB) y Vicente Salazar (Federación Túpac Katari) por los 53 días de bloqueos de mayo y junio, y abrió investigación por nueve presuntos delitos.
Por qué importa: Es la primera acción penal formal impulsada por una organización civil contra los principales señalados por las movilizaciones que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
- Se suma a los procesos ya abiertos por el Gobierno, transportistas y legisladores, y abre la disputa judicial por las responsabilidades penales de un conflicto de 53 días.
Los hechos: La denuncia fue presentada el 1 de julio por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, que atribuyó a los tres dirigentes el liderazgo de las medidas de presión. Entre los delitos investigados figuran terrorismo, alzamiento armado y financiamiento del terrorismo.
- Con la admisión, el caso ingresa a la etapa preliminar, en la que la Fiscalía deberá reunir elementos para decidir si presenta una imputación formal.
Qué dicen: Cochamanidis calificó los bloqueos como un intento de “secuestrar el país” y sostuvo que los denunciados fueron los “cabecillas” de las movilizaciones. Aseguró que el objetivo no es una persecución política, sino que los responsables respondan ante la justicia con el debido proceso.
Otros procesos: La acción cívica se suma a las demandas anunciadas por el transporte pesado, que exige resarcimiento por daños, y a denuncias de legisladores de Alianza Libre y el PDC contra dirigentes de la COB y organizaciones campesinas.
Por su parte, el Gobierno abrió procesos a través de los ministerios de Gobierno y Defensa y trabaja en una ley para endurecer las sanciones contra los bloqueos.
Las cifras en disputa: No existe un balance oficial unificado del conflicto. El Comité pro Santa Cruz estima pérdidas superiores a $us 3.000 millones —cerca de $us 1.000 millones solo en Santa Cruz—, mientras que estimaciones empresariales las sitúan en más de $us 2.700 millones, alrededor del 5% del PIB.
- En víctimas, la Defensoría del Pueblo reportó al menos 14 fallecidos y la dirigencia cívica sostiene que fueron 22.
Qué sigue: El Comité anticipó que ampliará la denuncia para incluir a los parlamentarios Nilton Condori y Patricia Patiño y al vicepresidente Edmand Lara, y que pedirá investigar al Gobierno por una presunta omisión.
- La Fiscalía deberá determinar si reúne elementos para una imputación formal.
