Denuncia contra Callisaya reabre el historial de la Defensoría con el MAS

Lo esencial: La diputada de Libre, Lissa Claros, anunció el 30 de junio una petición de informe escrito y una futura demanda penal contra el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, por presunta inacción durante los 53 días de bloqueos de 2026.

Por qué importa: La Defensoría es la única entidad estatal que debe vigilar el respeto a los derechos humanos sin importar el color del gobierno de turno.

• Si sus autoridades responden a intereses partidarios, cualquier persona pierde una garantía real frente a un futuro conflicto con el Estado, algo que la denuncia de Claros vuelve a poner en discusión.

Contexto: El cuestionamiento a Callisaya no es un caso aislado. Al menos otras tres exautoridades de la Defensoría transitaron hacia cargos vinculados al MAS antes o después de su gestión al frente de la institución.

Estado actual:

• David Tezanos Pinto fue defensor del Pueblo entre 2016 y 2019 y apareció registrado como militante del MAS en el padrón del Tribunal Supremo Electoral, según denunció en su momento un senador opositor.
• Nadia Cruz ejerció como defensora interina desde enero de 2019 hasta septiembre de 2022 —un plazo que legalmente debía durar 90 días— y, tras dejar el cargo, fue nombrada viceministra por el gobierno de Luis Arce.
• Nelson Cox fue delegado defensorial de Cochabamba en dos periodos entre 2016 y 2020, luego candidato oficial del MAS a la Alcaldía de esa ciudad, viceministro con Arce, y actualmente integra el equipo jurídico de Evo Morales.

Qué dicen: Claros afirmó que la Defensoría “absorbe más o menos Bs 500 millones del Presupuesto General del Estado” y que Callisaya “desapareció” durante los bloqueos.

• El informe de institucionalidad democrática 2022 de la Observación Ciudadana de la Democracia (OCD Bolivia) atribuyó a la gestión de Tezanos el inicio de un deterioro institucional y señaló que la de Cruz debilitó la independencia de la entidad.
• Cox, investigado por la Fiscalía de Cochabamba por presunta legitimación de ganancias ilícitas ligada a su paso por la Defensoría, niega la denuncia en su contra y la atribuye a “motivaciones políticas”.

Sí, pero: La Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) mantuvo a la Defensoría boliviana en su máxima categoría de acreditación en todas sus revisiones, incluida la de 2024, sin degradarla como sí ocurrió con la de Venezuela.

• El expresidente de la institución Rolando Villena (2010-2016), pese a haber sido cuestionado como cercano al MAS al asumir, terminó enfrentado al gobierno de Evo Morales por la represión durante el conflicto del TIPNIS en 2011.

Qué sigue: Claros debe formalizar la petición de informe ante la Asamblea Legislativa antes de avanzar con la demanda penal. La Fiscalía de Cochabamba mantiene abierta, sin imputación formal, la investigación contra Cox.