Lo esencial: Mientras legisladores y sectores productivos impulsan una decena de proyectos de ley antibloqueos tras más de 50 días de conflicto, el acuerdo de pacificación firmado entre el Gobierno y la COB compromete al Ejecutivo a no promover normas que puedan interpretarse como una criminalización de la protesta.

Por qué importa: La discusión puede convertirse en el primer foco de tensión entre el Gobierno y la COB tras la firma del acuerdo que puso fin al conflicto.

El debate enfrenta dos demandas que hoy parecen difíciles de conciliar: garantizar el derecho a la protesta o evitar que el país vuelva a quedar paralizado.

Los números: Las iniciativas legislativas contemplan distintos niveles de sanción penal para quienes participen en bloqueos.

Entre tres y seis años de cárcel para quienes bloqueen vías públicas.
De cinco a ocho años para promotores y organizadores de los bloqueos.
De 10 a 20 años para quienes ejerzan violencia poniendo en riesgo vidas o bienes públicos y privados.

Estado actual: Existen alrededor de diez iniciativas nacionales, departamentales y municipales orientadas a garantizar la libre transitabilidad y endurecer sanciones contra bloqueos.

El diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, solicitará que su proyecto sea tratado directamente por el pleno de la Cámara de Diputados ante la demora de la Comisión de Justicia Plural.
Legisladores de Libre y Súmate también impulsan propuestas, junto con proyectos departamentales en Santa Cruz, Cochabamba y el Beni.
El Beni se convirtió en el primer departamento en aprobar una norma orientada a garantizar la libre transitabilidad.

El antecedente clave: El 19 de junio, el presidente Rodrigo Paz y la COB firmaron un acuerdo de pacificación que puso fin al conflicto.

En el capítulo “Derechos Humanos, Garantías Orgánicas y Pacificación”, el Ejecutivo se comprometió a no promover “normas que criminalicen la protesta y a no impulsar persecuciones políticas, judiciales o mediáticas contra dirigentes movilizados”.

Sí, pero: Los impulsores de la iniciativa sostienen que el objetivo no es prohibir la protesta, sino proteger otros derechos constitucionales afectados durante los bloqueos: la libre circulación, el acceso a alimentos, el abastecimiento de combustibles y la continuidad de actividades económicas.

Bajo esa lógica, una norma que diferencie entre protesta legítima y bloqueos indefinidos, o que sancione exclusivamente daños materiales y actos violentos, podría defenderse como regulación de excesos y no como criminalización de la protesta.

Qué dicen: La COB rechaza esa interpretación.

Este jueves emitió un pronunciamiento en el que condenó el pedido del diputado Carlos Alarcón para reactivar el tratamiento de la ley antibloqueos, argumentando que iniciativas de este tipo pueden “criminalizar el derecho constitucional a la protesta” y afectar el escenario de diálogo abierto tras el acuerdo de pacificación.
La organización declaró persona no grata al legislador para el movimiento obrero campesino.

Entre líneas: Si la iniciativa legislativa avanza desde la Asamblea sin impulso directo del Ejecutivo, el Gobierno podría argumentar que cumple el acuerdo con la COB.

Sin embargo, si la ley llega a ser aprobada, Paz deberá decidir entre promulgarla, observarla o impulsar modificaciones que reduzcan el riesgo de confrontación con la COB.

Qué sigue: Las distintas propuestas continúan en fase de análisis, socialización y discusión legislativa, y la interpretación del acuerdo de pacificación será puesta a prueba en el debate parlamentario.