Lo esencial: El Gobierno trabaja un decreto supremo para reglamentar la nueva Ley de Regulación de Estados de Excepción, evaluando la posibilidad de ejecutarlo para hacer frente a los conflictos, bloqueos y hechos de violencia que registra el país, informó el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes,.

Por qué importa: Una eventual ejecución de la medida, permitirá suspender temporalmente determinadas libertades y habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía en zonas de conflicto, como San Julián, el trópico de Cochabamba y sectores de La Paz y Oruro.

La medida entrará en vigencia inmediatamente tras la publicación del decreto presidencial, aunque la Asamblea Legislativa tiene 72 horas para ratificarla o suspenderla.

Cómo funciona: El mecanismo constitucional contempla varios pasos y actores involucrados en su aplicación.

El Presidente puede declarar el estado de excepción mediante decreto supremo cuando existen causales, como conmoción interna, peligro para la seguridad del Estado o desastres naturales.
Las gobernaciones emiten los autos de buen gobierno, que son disposiciones administrativas con restricciones temporales como limitaciones al expendio de bebidas alcohólicas, concentraciones públicas o circulación.
Si la Asamblea no emite resolución dentro del plazo, las medidas pueden mantenerse excepcionalmente hasta que exista pronunciamiento legislativo.

La protección a uniformados: El artículo 26 de la nueva ley establece una presunción de legalidad sobre las actuaciones de policías y militares durante un estado de excepción, considerándolas ajustadas a derecho mientras una autoridad judicial no determine lo contrario.

La norma reconoce la posibilidad del uso de fuerza potencialmente letal bajo principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
El Estado asumirá la defensa jurídica de uniformados que enfrenten procesos por actuaciones durante la ejecución de la medida.
La protección excluye expresamente delitos de lesa humanidad como tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.

El debate sobre amnistía: La periodista Amalia Pando sostuvo en el programa Cabildeo Digital que el presidente Rodrigo Paz debe considerar una amnistía para los uniformados procesados por los acontecimientos de 2019.

Argumentó que en anteriores estados de sitio las consecuencias judiciales terminaron recayendo sobre autoridades y mandos responsables de ejecutar las medidas de control.
Hasta el momento, el Gobierno no ha anunciado ninguna medida de amnistía ni existe propuesta oficial presentada ante la Asamblea Legislativa.

Qué dicen: Hernán Paredes justificó la noche del lunes en el programa televisivo Que No Me Pierda, la evaluación por parte del Gobierno de medidas excepcionales por la escalada del conflicto.

“Ha escalado el conflicto porque por primera vez los bloqueadores han usado armas de fuego”, dijo Paredes.
“La población de La Paz, El Alto y Oruro ya no soporta más”, manifestó sobre la urgencia de una decisión.

Qué sigue: Pese a la promulgación de la nueva Ley de Regulación de Estados de Excepción, el mecanismo constitucional no se activa automáticamente.

El gabinete ministerial estaría evaluando si se aplica o no la nueva ley. La decisión dependerá de la evolución de los bloqueos, los niveles de violencia y la capacidad de respuesta institucional.