Las pérdidas por conflictos pasan los $us 500 millones; vuelven a pedir ley antibloqueos
Lo esencial: Los bloqueos de carreteras en Bolivia generaron pérdidas superiores a $us 500 millones, según el IBCE, lo que reactivó la presión de sectores empresariales para que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que penalice estas medidas de presión.
Por qué importa: La interrupción de rutas afecta a exportadores, importadores, transportistas y empresas turísticas, provocando incumplimiento de contratos internacionales y deterioro de la confianza internacional.
- El abastecimiento interno y la economía diaria de millones de bolivianos que dependen de la libre circulación también se ven golpeados por la conflictividad.
Los números: Las cifras revelan la magnitud del impacto económico por sector.
- El Colegio de Profesionales del Comercio Exterior y la Cámara de Despachantes de Aduana de La Paz estiman pérdidas diarias entre $us 55 y 60 millones.
- Anapo reporta pérdidas de hasta $us 4 millones por jornada en el sector de oleaginosas y trigo.
- La industria avícola registra daños de Bs 8 millones diarios, con cientos de camiones varados en las rutas.
El plan: El Proyecto de Ley PL-094/25 busca tipificar el bloqueo de vías públicas como delito, con una escala de penas severas.
- Las sanciones van de tres a seis años de prisión por bloquear vías, y de cinco a ocho años para quienes promuevan o financien las movilizaciones.
- En casos con violencia física, uso de explosivos o agresión a fuerzas de seguridad, las penas podrían alcanzar veinte años de privación de libertad.
- Se crea un régimen de garantías para Policía y Fuerzas Armadas, eximiéndolos de responsabilidad penal o civil si actúan bajo protocolos legales, y se introduce responsabilidad civil solidaria para bloqueadores, instigadores y financistas.
Qué dicen: Los sectores empresariales y sindicales mantienen posiciones enfrentadas sobre la normativa.
- “Sin libre tránsito no hay industria, no hay comercio, no hay servicio y no hay turismo”, advirtió Omar Orellana, gerente de Cainco Chuquisaca.
- Alberto Arze, gerente de la ICAM, calificó al bloqueo como una “medida delictiva” que mantiene secuestrados a los ciudadanos e instó a aprobar la norma, sin descartar recurrir a un estado de sitio.
- Mario Argollo, ejecutivo de la COB, advirtió que no permitirán la vulneración del derecho a la protesta y amenazó con paralizar el país si se intenta tratar la ley en la Asamblea.
Sí, pero: La COB y el Magisterio Urbano denuncian que la norma no fue socializada con los trabajadores, mientras el Conamaq la califica como una “ley mordaza” contra los pueblos indígenas.
- El diputado Freddy López cuestionó la constitucionalidad de la iniciativa, argumentando que las reivindicaciones históricas del país se han logrado a través de marchas y bloqueos.
Qué sigue: Legisladores como Manolo Rojas y Carlos Alarcón han sugerido someter la ley a un referéndum para que la población decida si se debe erradicar esta medida de presión, mientras Rojas propone aplicar sanciones económicas como el congelamiento de cuentas bancarias de sindicatos infractores.
