Lo esencial: Bolivia enfrenta su mayor nivel de conflictividad desde 2019 con 11 policías heridos, más de 120 detenidos y 45 puntos de bloqueo activos en seis departamentos, mientras la violencia escala hacia una crisis de seguridad nacional.

Al final de la jornada 101 personas habían sido liberadas con el compromiso de no participar en otras movilizaciones.

Por qué importa: La crisis ya no afecta solo el tránsito: el abastecimiento de alimentos, combustible, oxígeno y medicamentos está comprometido en La Paz, Cochabamba y Oruro.

El Gobierno enfrenta un dilema complejo, restablecer el orden sin provocar una escalada aún mayor, mientras crece la percepción de pérdida de control estatal.

Los hechos: La jornada violenta del lunes dejó dos policías en estado grave, uno de ellos brutalmente golpeado en la estación Celeste de Mi Teleférico.

El uniformado recibió golpes con puños, patadas, ladrillos y su propio tolete; permanece hospitalizado con traumatismo ocular, contusiones en la cabeza y daños irreversibles en uno de sus ojos.
La Fiscalía Departamental de La Paz abrió 29 procesos penales por homicidio en grado de tentativa, destrucción de bienes del Estado, robo agravado, lesiones graves e instigación pública a delinquir.
101 personas fueron liberadas previo compromiso y garantía de no participar en otras movilizaciones.
La Fiscalía activó una “comisión de crisis y contingencia” integrada por fiscales especializados, investigadores, criminalistas y personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para investigar inmediatamente los hechos violentos.

Los números: Las cifras revelan la magnitud de la respuesta estatal y la extensión del conflicto.

La Policía reportó 127 personas intervenidas, 101 arrestadas y 28 aprehendidas que continúan bajo investigación.
La Paz concentra 17 de los 45 puntos de bloqueo, con rutas interrumpidas hacia Desaguadero, Achica Arriba, Río Seco, Huarina, Patacamaya, Luribay y San Andrés de Machaca, según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Se hallaron Bs 243.400 en un hotel del centro paceño; cinco personas son investigadas por presunto financiamiento de movilizaciones.

Qué dicen: Las autoridades endurecieron el discurso calificando las protestas como actos criminales.

“Estos actos no fueron una marcha pacífica, sino actos criminales”, afirmó el comandante general de la Policía Boliviana, general Mirko Sokol.
“No puede ser que tengamos un proceso democrático y ahora haya manifestantes violentos bloqueando las calles”, declaró el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien calificó la situación como “un golpe de Estado en marcha”.
“Hubo personas detenidas por el simple hecho de transitar o estar vestidas con indumentaria de provincia”, denunció Kurmi Rocha de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

Sí, pero: Mientras el Gobierno endurece operativos, organismos de derechos humanos advierten posibles excesos policiales.

La APDHB confirmó seguimiento a los detenidos y exigió investigaciones imparciales y respeto al debido proceso, aunque aclaró que no defenderá actos vandálicos.
Los manifestantes también saquearon al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), incendiaron vehículos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), ataques al sistema Mi Teleférico, a periodistas y a civiles.

Entre líneas: El conflicto tiene un trasfondo político innegable, sectores gubernamentales sostienen que grupos afines a Evo Morales buscan debilitar al Gobierno de Rodrigo Paz, mientras el evismo denuncia persecución política y criminalización de las protestas.

Movimientos en defensa de la democracia marcharon este martes exigiendo “respeto al orden constitucional”, asegurando que los últimos hechos de violencia son promovidos por Morales.

Qué sigue: El Gobierno descartó declarar estado de excepción, pero reforzó presencia policial y anunció corredores humanitarios para abastecer La Paz. Los procesos penales avanzarán hacia audiencias cautelares.