Lo esencial: El Gobierno de Rodrigo Paz firmó acuerdos con el magisterio urbano, Fencomin y la COR de El Alto en menos de 72 horas, pero la COB y los sectores afines a Evo Morales radicalizaron las movilizaciones con bloqueos, actos vandalicos, enfrentamientos y demandas de renuncia presidencial.

Por qué importa: La estrategia oficial de desactivar conflictos mediante negociaciones sectoriales no logró contener la escalada, que derivó en una disputa política abierta por la continuidad del Presidente.

Las demandas iniciales relacionadas con salarios, combustible y rechazo a normas fueron desplazadas por una agenda centrada en la exigencia de renuncia presidencial.

El acuerdo con el magisterio urbano: El convenio de 16 puntos se firmó el 16 de mayo en Cochabamba entre el Ministerio de Educación y la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB).

Incluyó la creación de un Bono de Gestión de Aula de Bs 2.400 anuales indexados al IPC, asignación de nuevos ítems y pago de horas adeudadas a docentes.
Se acordó reponer bonos de zona y frontera, invertir en infraestructura tecnológica y garantizar la continuidad de la educación fiscal, gratuita y única.
Se ratificó el escalafón docente sin modificaciones y el compromiso de elaborar una nueva ley educativa con participación directa del magisterio urbano.

El acuerdo con Fencomin: El convenio con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras se concretó el 15 de mayo, luego de más de 12 horas de negociación.

El Ejecutivo garantizó abastecimiento de combustible subvencionado a Bs 3,72 por litro, suministro permanente de explosivos y aplicación inmediata de la Resolución Ministerial 195.
El Gobierno aceptó abrogar el Decreto Supremo 5615 relacionado con áreas fiscales mineras en Chuquiuta y Pocoata, y liberar nuevas zonas para explotación cooperativista.
Fencomin consiguió reconocimiento como única federación nacional minera cooperativista, restitución de dos representantes en el directorio de Comibol y un perdonazo de nueve años de deuda con la CNS.

El acuerdo con la COR de El Alto: El 16 de mayo, el presidente Rodrigo Paz encabezó personalmente una reunión con dirigentes de la Central Obrera Regional en la Casa Grande del Pueblo.

A diferencia de los acuerdos con maestros y mineros, el contenido del convenio no fue detallado públicamente por el Gobierno ni por la dirigencia sindical.

La escalada del conflicto: Pese a los acuerdos sectoriales, la COB y organizaciones afines a Evo Morales rechazaron las negociaciones y radicalizaron las protestas.

A las movilizaciones se sumaron Ponchos Rojos, gremiales alteños, sectores campesinos “Tupac Katari” y parte del magisterio rural.
El 17 de mayo, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Mario Argollo por presuntos delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir.
Las protestas derivaron en enfrentamientos con uso de explosivos, quema de vehículos policiales, saqueos, ataques contra instalaciones públicas y agresiones a trabajadores de la prensa.

Los números: La crisis generó efectos económicos y sociales cada vez más visibles en La Paz y El Alto.

Más de 5.000 vehículos permanecen varados en rutas bloqueadas.
Las pérdidas económicas superan los 50 millones de dólares diarios.

Qué dicen: Las declaraciones reflejan la polarización entre el Gobierno y los sectores movilizados.

“Por Bolivia, Bolivia no se vende”, declaró Mario Argollo durante una concentración en El Alto, donde también se escucharon consignas de “Renuncia o nada”.
El Ejecutivo afirma que las movilizaciones responden a un “intento de desestabilización” y asegura que Rodrigo Paz concluirá su mandato constitucional.

Sí, pero: Mientras los sectores que firmaron convenios levantaron bloqueos, otros rechazaron los acuerdos y aseguraron que estos “no representan a las bases movilizadas”.

Hospitales alertaron sobre posibles problemas de abastecimiento de oxígeno e insumos médicos, mientras en mercados se reportó escasez de alimentos y aumento de precios.

Entre líneas: La Embajada de Estados Unidos expresó preocupación por la situación y advirtió sobre el riesgo de una crisis humanitaria, además de respaldar al gobierno constitucional y rechazar acciones destinadas a desestabilizar al país.

Treinta y un expresidentes y exjefes de Gobierno de Iberoamérica pidieron a la OEA mantenerse “vigilante” ante la crisis política y los bloqueos en Bolivia, en un pronunciamiento que internacionaliza el conflicto y refleja creciente preocupación regional por la escalada de tensión en el país.

Qué sigue: La llegada de la marcha evista a El Alto y su intención de ingresar a plaza Murillo marcaron el inicio de una semana considerada decisiva para el futuro político del país.